Isidro Tomás Martín, secretario de la Junta Directiva de Fepeco, dibuja un diagnóstico severo sobre el acceso a la vivienda en Canarias: «esperamos más de dos años por licencias que tardan más que la propia obra».
Isidro Tomás Martín, secretario de la junta directiva de Fepeco, dibuja un diagnóstico severo sobre el acceso a la vivienda en Canarias: «esperamos más de dos años por licencias que tardan más que la propia obra», falta suelo finalista para construir de inmediato, escasea la mano de obra cualificada y la inseguridad jurídica ha expulsado parte del parque residencial hacia el alquiler vacacional, por temporadas o por habitaciones. Al mismo tiempo, enfría las expectativas sobre las viviendas vacías —«no son 211.000 útiles»— y rechaza la «expropiación» como herramienta, proponiendo incentivos y cambios normativos para activar oferta en alquiler. A pesar del panorama, sostiene un «optimismo prudente» con los últimos decretos autonómicos para agilizar trámites.
Licencias y suelo: el cuello de botella
Martín sitúa la raíz del atasco en la tramitación urbanística: «para nosotros, para poder construir viviendas, estamos pendientes de licencias durante más de dos años». Reconoce avances del último decreto autonómico que permite «externalizar» licencias, pero señala resistencias municipales «por su centralismo político». Pide priorizar suelo finalista —«un solar en el que mañana pueda pedir licencia y construir»— y advierte que desarrollar nuevo suelo añade «de cuatro a diez años» antes de poner una casa en el mercado.
Mano de obra: paro estadístico, vacantes reales
El dirigente subraya la paradoja laboral: «si ahora mismo en el paro hay casi 7.000 personas de la construcción, ¿por qué no encontramos mano de obra?» Pese a cursos con la Fundación Laboral de la Construcción —incluida la incorporación creciente de mujeres—, «entran 40 y cuando acaba el curso no hay más que 5». Urge alinear formación y obra real para cubrir perfiles como albañilería, ferralla o peonaje.
Vivienda vacía: cifras y calidad
Sobre el censo de «más de 211.000» viviendas desocupadas en el archipiélago, enfría expectativas: «menos de la mitad» serían recuperables y «óptimas» apenas «50.000 o 60.000». Muchas están fuera del Código Técnico, requieren rehabilitación integral o arrastran conflictos hereditarios. «Que nos demuestren dónde están esas viviendas óptimas», reta.
Expropiación o incentivos
Martín rechaza el término «expropiación» —que «implica una limitación significativa de los derechos de propiedad» y puede usarse «arbitrariamente»— y prefiere un paquete de estímulos: «incentivar fiscalmente, con contribuciones» a propietarios que saquen vivienda al alquiler. Menciona experiencias como Baleares, con plazos de vacancia más largos, y propone centrar el debate en seguridad jurídica, no en «apropiación».
Ley estatal y fuga del alquiler residencial
Señala a la Ley por el Derecho a la Vivienda (2023) como un factor disuasorio: «ha penalizado a los propietarios». Desde su experiencia en administración de fincas, calcula una retirada «del 30%» de viviendas del alquiler residencial hacia «vacacional», «por temporada» o «por habitaciones». Reclama procedimientos «cortos» para recuperar viviendas ante impagos u ocupaciones y «defensión» para el propietario, «no indefensión».
Modulares e industrializadas: acortar la obra
Como vía rápida para aumentar oferta, apuesta por «viviendas prefabricadas e industrializadas» que «abaratan costos y tiempos»: frente a obras de «24 meses», sería viable «9-10 meses o 12 a lo sumo», con mano de obra más especializada y menos numerosa. Pone como ejemplo iniciativas universitarias y residencias modulares —como las planteadas en La Laguna— que se frustraron por «trabas burocráticas». «Tenemos que ir a ese tipo de viviendas», insiste.
Inversión exterior y segunda residencia
Advierte del impacto de la demanda externa: «Canarias se ha convertido en una región interesante para los inversionistas» y crece la compra de segunda vivienda por extranjeros, con mención a «polacos» llegados «por la guerra en Europa». Ese flujo tensiona precios y reduce parque accesible para residentes, subraya.
Aunque el balance es crítico, Martín mantiene «optimismo» con la orientación de los decretos autonómicos para agilizar vivienda, si se traducen en licencias más rápidas, suelo finalista y seguridad jurídica. «Vamos por el buen camino», concluye, siempre que se sostenga la cooperación entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos y se conecten políticas de suelo, formación y fiscalidad.