Gerardo Pérez, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de La Laguna, lamenta que durante seis meses no se hayan llevado a cabo los cambios legislativos adecuados para luchar contra la pandemia.
El experto en Derecho Constitucional señala que dejando a un lado las cuestiones sanitarias, desde que se instauró el estado de alarma y desde su pérdida de vigencia, se han tomado medidas limitadoras de derechos “de dudosa constitucionalidad”, entre ellas algunas del Gobierno canario que puede colisionar con el derecho fundamental a la educación. Pérez considera que se pueden limitar derechos en circunstancias muy concretas, “pero se necesita un amparo legal, y en estos momentos estamos asistiendo a meros acuerdos de gobierno que no tienen un amparo normativo claro para suspender o limitar derechos”.
A su juicio, el problema es que las normas “no están a la altura del reto que tenemos que afrontar”. En esta tesitura se pueden cambiar las leyes o “correr un tupido velo”. Asegura que la segunda opción es “complicada de aceptar para un jurista”. Avisa que, desde marzo hasta septiembre, se han tenido seis meses para plantear cómo se iba a iniciar el curso escolar: “El problema es que se improvisa y se exige una solución rápida”.