Las técnicas Irina Betancort y Laura Nolasco trabajan en la capital europea para garantizar que las futuras políticas comunitarias atiendan los problemas de vivienda, salarios y fuga de talento del archipiélago.
Las técnicas de IRLab en Bruselas, Irina Betancort y Laura Nolasco, realizan un seguimiento estrecho de la política europea ante la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Su labor principal consiste en actuar como un puente entre Canarias y las instituciones comunitarias para asegurar que las normativas en preparación contemplen las particularidades y realidades específicas del archipiélago.
El eje central de su agenda actual es la futura estrategia de la Comisión Europea sobre el «derecho a quedarse», prevista para finales de año. Este concepto abarca el conjunto de condiciones que permiten a una persona decidir libremente si desarrollar su proyecto vital en su territorio de origen o si se ve forzada a emigrar por factores externos socioeconómicos.
Fuga de cerebros y el acceso a la vivienda como factor crítico
Las representantes de IRLab advierten de que la población canaria residente en el extranjero se ha duplicado desde 2010, superando las 200.000 personas debido a una clara fuga de talento capacitado en sectores clave. Aunque valoran la incipiente diversificación económica en energías renovables y economía azul, señalan que la falta de oportunidades profesionales y los bajos salarios siguen obligando a muchos jóvenes a emigrar.
A estos factores se suma la crisis de la vivienda, identificada como un elemento determinante para el arraigo local. Betancort y Nolasco explican en Bruselas que el acceso al hogar, la calidad de los servicios públicos y el elevado coste de la vida son los principales obstáculos que penalizan a quienes intentan mantener su residencia en las islas.
La presión inmobiliaria extranjera y las vías de actuación europea
Ante la preocupación por la compra de inmuebles por parte de no residentes —que representó un tercio de las operaciones el último año—, las técnicas aclaran que limitar este mercado responde a un motivo socioeconómico y no xenófobo. El objetivo planteado ante la Unión Europea es proteger a la población local frente al gran poder adquisitivo de compradores externos y recuerdan el precedente de Malta, que logró restringir el acceso al suelo a no residentes en su tratado de adhesión.
«Tratamos de que las instituciones europeas entiendan que el derecho a quedarse en Canarias pasa en gran parte por garantizar el acceso a la vivienda a la población local».
Dado que la vivienda es competencia de los Estados miembros, Bruselas busca intervenir mediante herramientas del mercado interior, como la regulación de los alquileres de corta duración y las plataformas turísticas. Aunque la estrategia en curso no será de obligado cumplimiento inicial, IRLab confía en que abra el debate jurídico y político para activar futuros programas e instrumentos que beneficien al archipiélago.