El portavoz del ejecutivo, Julio Pérez, reconoce "perspectivas diferentes" entre Sanidad y Hacienda sobre la forma de abordar este asunto.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anuncia que el ejecutivo está estudiando llevar el denominado caso de las mascarillas ante los tribunales de justicia por un presunto delito de alzamiento de bienes.
El Gobierno entiende que se pagó cuatro millones de euros a una empresa para adquirir mascarillas de protección contra la covid-19, pero la mercancía solicitada no coincidió con la recibida, por lo que la Consejería de Sanidad reclama a la empresa el dinero depositado. Sin embargo, la empresa argumenta no disponer de ese dinero, lo que podría constituir un delito de alzamiento de bienes.
“En el Gobierno hay muchos debates”
Pérez señala que, desde el primer momento, el Gobierno ha estado encima de este asunto, recabando toda la información y llevando a cabo todas las medidas para intentar el cobro del dinero. A este respecto, desmiente una batalla interna entre el PSOE y NC, pero reconoce la existencia de “perspectivas distintas”, ya que la Consejería de Sanidad es la que realiza el contrato y la Consejería de Hacienda la que se encarga de realizar el cobro: “En el Gobierno hay muchos debates”.
Sobre la denuncia presentada en este caso por un particular, Pérez indica que desconoce sus intenciones, pero recuerda que se han denunciado ante la fiscalía todos los contratos de emergencia que se publican en la plataforma de transparencia del Gobierno. A partir de ahí, la fiscalía ha pedido información a Sanidad y fue la consejería la que puso el foco sobre ese contrato. Para Pérez, es una garantía que la fiscalía realice las averiguaciones pertinentes “porque no tiene un interés partidista”.
Explicar “lo que es difícil explicar”
Sobre la visita a Canarias del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Pérez recuerda que, desde que se conoció la carta que envió Pedro Sánchez al rey de Marruecos, el presidente canario Ángel Víctor Torres pidió al ejecutivo central que alguien viniera a las islas a explicarlo porque “justamente es algo difícil de explicar”. Señala que, en cualquier caso, la posición que ha promovido el Gobierno de España es que la solución “se tiene que producir en el marco de la ONU y con la aceptación de las dos partes”.
Proceso de estabilización del empleo
Respecto del proceso de estabilización del empleo público, Pérez indica que se trata de resolver el amplio problema de temporalidad que afecta a los empleados públicos, trabajadores que ocupan plazas físicas que no son de carácter temporal. Señala que el problema tiene una solución difícil porque la Constitución exige una prueba para acceder a puestos de funcionarios. Sin embargo, la nueva ley permite convocar excepcionalmente esas plazas dando facilidades a quienes las han ocupado, “aunque no es posible garantizar las plazas de manera absoluta”.