El abogado del secretariado de migraciones de la Diócesis de Canarias en el CATE de Barranco Seco afirma que el Estado español viola los derechos de los extranjeros de manera "grosera".
El abogado del secretariado de migraciones de la Diócesis de Canarias en el CATE de Barranco Seco, Daniel Arencibia, considera que, la forma en que se está gestionando la crisis migratoria consiste en convertir a toda la isla de Gran Canaria “en un campo de concentración”.
A su juicio, el Estado español vulnera los derechos de los inmigrantes. Así, recuerda que durante el tiempo que se les retuvo en el muelle de Arguineguín, en plena pandemia, estaban “hombro con hombro” y, durante meses estuvieron con baños químicos y sin papel higiénico. Además, se incumplió el mandato de ponerlos, en un plazo de 72 horas, a disposición judicial. Incluso cuando se les trasladó al CATE de Barranco Seco seguían existiendo quejas de falta de recursos: “Denunciamos las infracciones cuando son groseras”, señala Arencibia, que recuerda que el defensor del pueblo les ha dado la razón en todas las denuncias de violaciones de derechos humanos.
La falta de “corazón” de Grande-Marlaska
Destaca el comportamiento de las personas y los agentes que se encargan de la acogida de los inmigrantes en el CATE y el buen comportamiento de los inmigrantes. Aún así, insiste en que su situación no se corresponde con los derechos humanos: “No hay que trivializar el concepto de campos de concentración, pero sí que se les está privando de libertad y de derechos”. En su opinión, si hubiera que hablar en esos términos, “toda Gran Canaria es un campo de concentración, porque se ha decido concentrarlos a todos en una misma isla”. Dice tener dudas de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska tenga “corazón” cuando dice que nadie está más de 72 horas y que los inmigrantes disponen de asistencia jurídica.
“Cuando crees que no pasa nada cuando permites que los niños pasen unas noches en ciertas condiciones es que nos hemos inmunizado contra los derechos del otro”, afirma Arencibia, que no descarta que exista una “agenda oculta” entre España y la Unión Europea para retener a los inmigrantes en la isla.