María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, califica de "vergüenza" la marginación de las empresas privadas.
María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, afirma que sus asociados están dispuestos a acudir a los tribunales de justicia para denunciar las adjudicaciones por parte de las administraciones a empresas públicas, como es el caso de Tragsa.
Gil denuncia la “excesiva licitación” a empresas públicas de obras millonarias, cuando las empresas privadas “están secas”. Se trata, dice, de “una vergüenza”, pues las administraciones públicas mantienen así al sector privado en “coma inducido”, ya que este está dispuesto a trabajar, pero los gobiernos no le dan la oportunidad.
Afirma que, además, las empresas públicas hacen las mismas obras a precios más elevados, y cada vez proliferan más estas adjudicaciones directas por la “incapacidad manifiesta de sacar licitaciones”.