Francisco Barrios, miembro del comité de empresa, duda de que las cifras presentadas por el Gobierno canario sean reales y los achaca a «triquiñuelas» administrativas.
Francisco Barrios, miembro del comité de empresa y de la sección sindical de FSC-CCOO en Dependencia, ratifica las denuncias de la diputada del PSOE, Elena Máñez, sobre la existencia de determinadas estrategias en la Dirección General de Dependencia encaminadas a presionar a los trabajadores para incrementar las cifras de evaluación de personas dependientes.
Evaluación a través de una empresa externa
Afirma que el sindicato apenas tiene comunicación con la Dirección General de Dependencia y reconoce que, desde la llegada de los nuevos gestores, se puso en marcha la fiscalización del trabajo de los evaluadores a través de una empresa externa, cuando ya existía un equipo, formado por personal público, con esas competencias. Desconoce si esa empresa sigue realizando dichas evaluaciones.
Asimismo, pone de relieve la toma de decisiones «autoritarias» que han cambiado la forma de trabajar del la Dirección General, exigiendo a los trabajadores un aumento de las valoraciones con independencia del rigor en la tramitación de los expedientes: «Los trabajadores hemos defendido la calidad del trabajo, no hacer churros».
Afirma que se han hecho contrataciones a través de empresas externas pero no tienen «ni idea» de qué número puede ser porque la Dirección General de Dependencia no les ofrece ningún tipo de comunicación: «Hay un boicot a los representantes de los trabajadores».
Asimismo, duda de las cifras que ha presentado el Gobierno canario, afirma que nadie conoce de dónde salen esas 12.000 prestaciones adicionales, pues las cifras no casan con la reducción de los nuevos beneficiarios en el sistema.
Considera que la gestión de la anterior directora general, Marta Arocha, ofreció mejores resultados y encaminó satisfactoriamente el trabajo, con cifras que se iban incrementado: «No es una cuestión de siglas políticas, sino de simple trato personal».