María del Pino León, directora del Instituto Canario de la Vivienda, afirma que son necesarias reformas legales para atender toda la demanda.
El Gobierno de Canarias y el Banco Santander han llegado a un preacuerdo por el que el Ejecutivo se compromete a comparar las 358 viviendas de Añaza si la entidad bancaria decide ponerlas a la venta. León señala que los detalles de la adquisición se discutirán "en su momento", porque lo "importante" en este momento es que "se han paralizado los desahucios y se para la incertidumbre de los vecinos".
León señala que estas 358 viviendas son protegidas, viviendas que se pueden vender con la previa autorización del Gobierno una vez que se comprueba que cumple con los requisitos establecidos en la ley. El resto de las situaciones que sufren los canarios respecto a la seguridad de sus viviendas "debe analizarse caso por caso". En cualquier caso, León señala que el Gobierno canario tiene en marcha un programa con una bolsa de vivienda para responder a las distintas situaciones. Asegura que, en la actualidad, se prevé la puesta a disposición de unas 1.000 viviendas "que se irán incrementando en los próximos años". La demanda actual en las islas se sitúa en unas 10.000.
La directora del Instituto Canario de la Vivienda señala que resolver el problema de la vivienda implica la puesta en marcha de distintas políticas, como la ayuda al alquiler, para la que el Gobierno canario presupuesta 9 millones de euros. Asimismo, es necesario que se busque una fórmula estatal para poner a disposición de las comunidades autónomas un porcentaje de las viviendas en manos de las entidades financieras.