El Gobierno regional analiza alternativas para evitar que el encarecimiento del traslado del residuo empuje a familias y empresas a desecharlo por vías irregulares.
El director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, Ángel Montañez, afirma que el Ejecutivo autonómico lleva dos años trabajando en una solución para el amianto, después de prever que comunidades como Andalucía acabarían restringiendo la entrada de este tipo de residuos. Señala que el amianto es un residuo peligroso, pero recuerda que, una vez retirado y correctamente confinado, «no genera emisiones, no genera lixiviados» y su destino viable en la actualidad es el depósito en vertederos autorizados.
Montañez explica que la legislación permite crear vertederos de residuos peligrosos en Canarias siempre que se cumplan las condiciones técnicas necesarias. Estos espacios podrían situarse dentro de complejos ambientales ya existentes o en zonas específicas, incluidos antiguos huecos de extracción de áridos que no tienen posibilidad real de recuperación. El responsable autonómico sostiene que Canarias debe afrontar el problema en su propio territorio y no trasladarlo indefinidamente a otras comunidades: «Hemos utilizado un residuo. En Canarias no podemos decirle a otros: oye, ahora esto te lo comes tú y lo destinas tú».
El director general subraya que el amianto es un residuo limitado, porque ya no se fabrica y solo queda retirar el material existente. No obstante, admite que Canarias no dispone aún de un censo preciso, ya que los ayuntamientos no han elaborado los inventarios a los que están obligados. Por ello, el Gobierno regional quiere ayudarlos a calcular de forma aproximada cuánto amianto hay en las islas y dónde se encuentra.
Sobrecostes y riesgo de vertidos irregulares
Montañez indica que el cierre de Andalucía encarece la gestión del amianto, porque obliga a buscar destinos más lejanos y con menor capacidad. Según los datos que maneja el Gobierno, llevarlo a Andalucía podía costar en torno a 900 euros por tonelada, mientras que el traslado a otras comunidades puede elevar el precio hasta 1.000 o 1.500 euros, dependiendo del tipo de residuo, su volumen y su tratamiento previo.
El Ejecutivo analiza ahora, junto a gestores autorizados, FEMETE y FEMEPA, posibles medidas transitorias para amortiguar ese incremento. Montañez cita subvenciones directas o beneficios fiscales como fórmulas posibles para evitar que el aumento del coste lleve a particulares o empresas a abandonar el amianto de forma ilegal. «Tenemos que afrontar los problemas de esta región aquí», afirma el director general, que insiste en que la creación de vertederos propios debe abordarse con criterios técnicos, responsabilidad institucional y sin generar alarma social.