➤ «Hay que mirar más allá de cuatro años, porque si no, uno se convierte en un político de baja estofa» ➤ «Siempre hay que proteger a la víctima y poner los casos en conocimiento de la justicia» ➤ «Mi obligación es mantener la calma, la paciencia y la lealtad hacia aquellos colaboradores cuyo trabajo considero fantástico»
El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, defiende que la política debe pensarse en plazos largos y no en ciclos electorales de cuatro años, reivindica una reacción fulminante frente a los casos de acoso, reclama que cualquier indicio de delito se traslade de inmediato a la Justicia y sostiene que la crisis de la vivienda solo se resolverá con una apuesta sostenida por la vivienda protegida durante más de una década.
La política más allá del ciclo electoral
Hidalgo insiste en que una parte del problema de la vivienda y de otras grandes políticas públicas está en la mirada corta de los responsables políticos. «Uno tiene que estar por encima de lo de los cuatro años porque si no, se convierte en un político de baja estofa y de baja calidad a la hora de ejecutar», dice, convencido de que la lógica estrictamente electoral «es terrorífica» porque empuja a la inmediatez y a no abordar las reformas estructurales.
En esta línea, el vicepresidente inscribe el debate sobre la vivienda en un horizonte de al menos quince años: cuando le preguntan si está hablando de ese plazo, responde que sí, que se trata del tiempo necesario «para que empiece a haber números que sean aceptables» en el parque de vivienda protegida y se pueda empezar a corregir la brecha con Europa.
Un protocolo fulminante frente al acoso sexual
El responsable insular repasa con detalle el episodio de acoso sexual que se produce durante su etapa como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y que afecta a su entonces mano derecha. Relata cómo la víctima acude primero a su secretario personal, cómo este irrumpe en su despacho de las Casas Consistoriales mientras recibe a un cónsul y cómo, a partir de ese momento, activa un protocolo interno que no deja lugar a dudas.
Hidalgo explica que su primera orden es «que la compañera no se cruce con el victimario», que se informe al servicio de prevención y que se apliquen todos los protocolos disponibles. Cuando finalmente se entrevista con el acusado, le deja claro que no es un tribunal de justicia, pero también que la confianza se ha roto para siempre: «Vamos a proteger a la víctima y tú estás cesado automáticamente», le dijo antes de firmar el decreto de cese en menos de doce horas.
Subraya que el Ayuntamiento no se limita a separar al presunto agresor del servicio, sino que lleva el caso ante la fiscalía, incluso cuando la víctima todavía duda si denunciar por miedo a las consecuencias. Con el respaldo de los servicios jurídicos municipales, decide que la institución tiene la obligación de actuar: «Tenemos conocimiento de esto, somos empleados públicos y tenemos que ponerlo en conocimiento de la fiscalía», insiste.
A partir de esta experiencia, el vicepresidente extiende su reflexión al debate abierto en el Partido Socialista por el llamado «caso Salazar». Sin entrar en detalles internos, marca una línea roja: «Si el partido lo sabe ahora, tiene que ponerlo en conocimiento de la justicia. Eso no creo que sea discutible». Y remacha: «Se tiene que poner en conocimiento de la justicia sobre la marcha. Si no se hizo, habrá que dirimir las responsabilidades que hay al respecto».
La vivienda como gran asignatura pendiente
El otro gran bloque de la conversación se centra en la vivienda. Hidalgo sostiene que sí hay una salida, pero que no será rápida: «La vivienda sí tiene una solución, pero no va a ser inmediata», afirma. Y a partir de ahí desgrana un diagnóstico crudo sobre la situación en España y en Canarias.
Recuerda que la proporción de vivienda protegida respecto al parque residencial ronda «un tres y pico por ciento» frente al siete por ciento de media europea y el 30% de países como Austria o Países Bajos, que llevan más de un siglo construyendo parque público. Subraya que, si toda la vivienda protegida levantada en España desde los años cincuenta hubiera seguido siendo pública, «estaríamos en un 6 por ciento» y mucho más cerca de los estándares europeos.
El vicepresidente pone también el foco en las consecuencias sociales del encarecimiento del mercado: «Tenemos gente muy joven que no tiene futuro porque no tiene dónde ir y tiene que vivir con sus padres», lamenta. Por eso defiende «poner todos los esfuerzos para construir vivienda protegida», al tiempo que advierte de que la solución no pasa por recetas inmediatas ni por confiar exclusivamente en el mercado.
Recuerda que Canarias estuvo nueve años sin plan de vivienda en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, cuando se asumía que el sector privado lo cubría todo. Hoy, en cambio, apunta a un contexto distinto, con un plan estatal en marcha, la creación de una empresa pública específica y, por primera vez, un comisario europeo de vivienda: «Estamos en un momento clave», sostiene, porque la Unión Europea empieza a articular una política propia en este ámbito.
El papel del Cabildo en la construcción de vivienda protegida
Aunque el Cabildo de Gran Canaria no ha tenido históricamente competencias directas en vivienda, Hidalgo explica que la corporación insular ha empezado a ocupar un lugar relevante en la respuesta a la emergencia habitacional. «El Cabildo no tiene suelo, los ayuntamientos sí, pero nosotros tenemos recursos para construir», resume.
Detalla que la institución insular dispone ahora de proyectos para «casi 500 viviendas» y que ha puesto «casi 60 millones de euros encima de la mesa» para colaborar con los ayuntamientos y con el Gobierno de Canarias. Avanza la firma de un acuerdo de diez millones con el Ejecutivo autonómico para desbloquear proyectos que estaban paralizados por falta de financiación y otro con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para construir 240 viviendas.
Añade que ya se están levantando edificios y que 16 viviendas están prácticamente terminadas, pendientes de detalles como la instalación de ascensores para su entrega al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). Recuerda también su experiencia previa como alcalde, cuando supervisó la construcción de más de 400 viviendas de reposición y la rehabilitación de más de 3.000 en la capital grancanaria.
Hidalgo reivindica la calidad de las actuales promociones de vivienda protegida frente a las promociones masivas del franquismo y de las décadas posteriores: asegura que «las viviendas protegidas hacen los mejores estándares de calidad» y que hoy las condiciones son equiparables a las de una vivienda de clase media en el mercado libre.
Ejecución presupuestaria y crítica a la oposición
Otro de los argumentos recurrentes de la oposición insular es la supuesta baja ejecución presupuestaria del Cabildo. Hidalgo rebate la acusación con un dato: el Cabildo ha tenido que elaborar un Plan Económico-Financiero porque «se han pasado 84 millones de euros» del techo de gasto marcado por el Estado. «No es que haya ejecutado poco, es que ha ejecutado 84 millones de euros más de lo que le permitía el Estado», afirma, reivindicando que se está gastando más de lo que permite la norma para atender las necesidades de la isla.
Recuerda, a modo de contraste, que cuando era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria tuvo que cerrar el presupuesto en octubre para no superar el techo de gasto por apenas 100.000 euros y que, pese a ello, se le acusaba de ejecutar poco. Para Hidalgo, esa forma de criticar la gestión presupuestaria «es casi parte del dietario del opositor», centrada en la letra pequeña de la ejecución formal sin mirar «lo que se ha gastado realmente».
En el ámbito estrictamente político, el vicepresidente cuestiona la estrategia de la líder del Partido Popular en la capital grancanaria, Jimena Delgado, a la que acusa de «ausente» y de abusar de los tribunales para suplir la falta de oposición política. Recuerda que la propia Delgado no puede acudir a un pleno solicitado por su grupo porque «tenía que votar en Madrid», lo que le lleva a concluir que ese episodio «demuestra cuáles son las prioridades» de la dirección popular.
Judicialización de la política y defensa de su gestión
El vicepresidente enlaza este debate con su experiencia en el caso EMALSA, un procedimiento judicial que afectó durante quince años a los miembros del consejo de administración de la empresa municipal de aguas. Cuenta cómo la oposición le lleva a la Fiscalía «por el mero hecho de sentarme en la presidencia» del consejo, como corresponde al alcalde, y cómo la causa terminó archivada después de años de desgaste para los afectados.
En este contexto, sale en defensa de su antigua concejala Inmaculada Medina, imputada en una causa judicial. La define como «escudera» y «mano derecha», una «mujer trabajadora y fantástica» a la que abraza públicamente y a la que dice desear «lo mejor». Advierte de que está escuchando muchas cosas sobre la gestión del Ayuntamiento, «algunas actuales, otras del pasado», y sostiene que lo que se ve en la prensa «no tiene sustento desde el punto de vista penal, a no ser que haya otra cosa» que él desconozca.
Sin negar la necesidad de controles y de responsabilidad, alerta sobre el uso político de los tribunales y sobre la conexión entre determinadas estrategias judiciales, mediáticas y partidistas, un esquema que considera que se repite en distintos casos. Y, pese a todo, concluye que su obligación es mantener la calma, la paciencia y la lealtad hacia aquellos colaboradores cuyo trabajo considera «fantástico», sin dejar de asumir que la exposición al «escarnio público» forma parte del oficio de la política.