El alcalde de Firgas asegura que el documento ante notario que sanciona con 60.000 euros a quien rompa el acuerdo de gobierno se suscribe de forma privada y sin participación de los partidos implicados.
El alcalde de Firgas, Alexis Henríquez, aclara que el acuerdo rubricado ante notario por los concejales del grupo de gobierno, en el que se establece una penalización económica de 60.000 euros en caso de romper el pacto, se firma «a título estrictamente personal, sin que mediara ninguna directriz ni conocimiento de nuestras formaciones políticas». El compromiso, suscrito por representantes del PSOE, UxGC, CC y PP, genera controversia tras su reciente filtración, especialmente por el carácter privado y las posibles implicaciones legales y éticas del documento.
Un compromiso privado por la estabilidad
Henríquez sostiene que la decisión de firmar el acuerdo se toma de forma autónoma, «como personas que asumimos la responsabilidad de mantener un gobierno estable». Subraya que «en ningún momento actuamos en nombre de nuestras organizaciones políticas» y que la cláusula que prevé una penalización económica no es impuesta ni promovida por los partidos. «Fue una iniciativa nuestra», insiste.
Sin conocimiento de los partidos
El alcalde es tajante al desvincular el contenido del documento de la estructura partidaria: «Ninguno de nuestros partidos tuvo conocimiento previo de este acuerdo. Lo decidimos los concejales que asumimos el gobierno municipal y respondemos personalmente por ello». Esta afirmación apunta a desmarcar a las direcciones insulares, regionales y nacionales de cualquier responsabilidad o implicación en el asunto.
Una garantía para evitar inestabilidad
Henríquez contextualiza la firma como un mecanismo para garantizar la permanencia del pacto durante el mandato: «Queríamos proteger la gobernabilidad. En un municipio pequeño como Firgas, cualquier ruptura puede suponer la paralización de proyectos esenciales». El documento, aunque no tiene efectos jurídicos claros, es presentado como una muestra de compromiso entre las personas firmantes.
Posibles repercusiones legales
El documento, cuya validez legal podría ser cuestionada en caso de litigio, ha generado debate entre juristas y representantes políticos. Sin embargo, el alcalde asegura que «nadie nos pidió que firmáramos ni nos impusieron esa cláusula. Fue una decisión consciente, asumida en libertad, con la única finalidad de blindar el acuerdo político». Por el momento, ninguna de las formaciones ha abierto expedientes disciplinarios ni se ha pronunciado de manera oficial sobre posibles consecuencias internas.
Transparencia y continuidad
Henríquez concluye que el grupo de gobierno «mantiene su cohesión y voluntad de seguir trabajando unido» y asegura que informarán a las organizaciones políticas de lo ocurrido. «Asumimos nuestra responsabilidad con transparencia. Nuestra prioridad sigue siendo el bienestar de Firgas y el cumplimiento del programa de gobierno».