Agustín Manrique de Lara: «La solución a los problemas no es ir contra el turismo»

Agustín Manrique de Lara | Foto: Círculo de Empresarios de Gran Canaria

Agustín Manrique de Lara | Foto: Círculo de Empresarios de Gran Canaria

El presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria señala que los sueldos del sector son los acordados entre patronal y sindicatos.

El presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara, afirma que la solución a los problemas que sufre Canarias no se solucionan con la convocatoria de una manifestación en contra del turismo, como, a su juicio, es la convocada el próximo sábado 20 de abril en las distintas islas.

Señala que el origen de esta manifestación se ubica en Tenerife por la oposición a unos proyectos concretos que han generado oposición en algunos sectores. Señala que todos estos proyectos superaron los trámites más estrictos, pero cuando comenzaron a construirse surgieron las manifestaciones, algo que, entiende, proporciona muy poca seguridad jurídica.

El turismo como solución

Apunta que, precisamente, es el turismo el que es capaz de resolver buena parte de las carencias que sufre Canarias, porque es el sector que genera riqueza y empleo, «por lo que no es acertado ir contra ese motor», aunque reconoce que en las islas existen problemas de vivienda y pobreza, «pero eso se resuelve generando actividad económica». A modo de ejemplo, considera que los convenios de la hostelería son los mejores de España, «acordados por patronal y sindicatos».

 «Echamos la culpa de todo al turismo»

Señala que muchos de estos problemas tienen poco que ver con el turismo y sí con lo que no se ha hecho en el pasado, «pero echamos la culpa de todo al turismo». A este respecto, lamenta las actitudes «buenistas» de algunos partidos, desde el PP al PSOE, que aceptan «todo lo que el populismo pide». 

Defender los valores

Considera que es necesario defender los valores «que tenemos» que, en su opinión, están basados «en el esfuerzo y la actividad económica». En este contexto, considera que la sociedad civil tiene parte de culpa «por dejarlo todo en manos de la política» cuando debería constituirse en un contrapoder «y velar por el cumplimiento de los derechos».