Francisco J. Chavanel
Toda la Oposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha puesto de acuerdo para solicitar un pleno extraordinario y allí ventilar los misterios de la cuenta 413. Llámese así a dicha cuenta por albergar en ella todos los pagos pendientes que tiene el Consistorio. Pagos a proveedores, a empresas pequeñas, medianas, y grandes, la lubricación de la economía cotidiana que cuando no funciona obliga a pedir créditos para sobrevivir, y crear un pequeño corralito que arremete contra la credibilidad del ayuntamiento capitalino.
La cantidad que se presume que está “acorralada” se supone que alcanza los 150 millones de euros, pero hasta el momento nadie la ha precisado. Sí sabemos que el Ayuntamiento tiene en el banco 320 millones de euros en calidad de remanente. De modo que hablamos de retrasos de meses, en algunos casos de años, en otros de sentencias judiciales incumplidas. El Ayuntamiento que preside Augusto Hidalgo encabeza el ranking nacional de instituciones a la cabeza en ser morosos en sus obligaciones con los proveedores.
Da la impresión, por lo tanto, de que el malo de la película es Hidalgo, una presunta inepcia, un equipo lento que es incapaz de superar la velocidad de las tortugas, una administración que no escucha y que habita en otra galaxia. La Oposición, que ha tenido muy poco protagonismo durante la legislatura, agita la intensidad de sus movimientos calculando que el daño a Hidalgo es el daño al PSOE y a su candidatura al Cabildo de Gran Canaria. Dos por uno.
Sin embargo no todo es tan sencillo como parece. Conozco a varios proveedores desesperados, conozco sus letanías, sus pesares, y hasta sus lamentos. Y también conozco a los “elfos”, a los funcionarios, su manera de entender el mundo, el universo y su trabajo, y conozco cómo funciona la Intervención del lugar. Llamar “nonistas” a unos cuantos es hacerles un favor.
El PP tiene un poco de culpa en todo esto. Durante la gestión de Juan José Cardona judicializaron algún asunto que no debían. Esa judicialización concluyó con una lluvia fina sobre el proceder de los funcionarios en general. Se les dijo que no habían actuado en conciencia, que habían seguido instrucciones de algún partido político, que si estaban en los tribunales era por su ligereza a la ahora de asumir documentación que, para ellos, estaba contaminada.
De aquellos barros estos lodos. La mayoría de los funcionarios empezaron a titubear, a perder la fe en sí mismos, se sintieron burlados, señalados y acosados. Consecuencia: pasó lo mismo que ocurrió en Telde con el caso Faycán. Se paralizó la administración.
La causa que fue a los tribunales es un disparate en sí misma. Algo que debía resolverse dentro de la propia administración pasó a un ámbito donde es facilísimo criminalizar a cualquiera que pase por allí. Casi once años después el caso se diluye en los tribunales, y la empresa denunciada gana uno tras otro todos los litigios que tiene en los juzgados. Cada litigio supone una deuda millonaria y no se la pagan. Pese a que las sentencias sean definitivas no se las pagan. ¿Quiénes? Los “elfos” que vivieron en el terror que trajo el PP; la interventora que debe pensarse que no cumplir una sentencia judicial acaba en terreno baldío.
Ahora piensen en el “caso Reparos”. El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, asume el riesgo de realizar 40 pagos urgentes que precisa hacer el ayuntamiento para mantener y sostener centros para adultos, para niños, para mujeres acosadas, para jóvenes que quieran practicar deporte, y un largo etcétera, todas acciones de carácter social. El ayuntamiento mantiene contratos en vista de la lentitud, justamente, de la administración. En total, Clavijo libera unos 50 millones de euros. Esa acción, la de servir a su comunidad, la de jugarse el tipo en beneficio de sus proveedores que estaban con el agua al cuello, es la matriz por la que el ex presidente de Canarias está en estos instantes en el Tribunal Supremo denunciado por un miembro de la Oposición por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos.
Bastó que el interventor no estuviese de acuerdo y levantase los 40 reparos mencionados para que asuntos que deben resolverse en el área administrativa pasaran diabólicamente al ámbito de lo penal. El caso Reparos le puede costar a Clavijo su carrera política; no es broma.
¿Qué quiere la Oposición del Ayuntamiento? ¿Que Hidalgo se ase cuando no cuenta con la colaboración de su interventora? ¿Alguien duda de que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria terminaría al día siguiente en los tribunales si se atreviese a llevarle la contraria a una alta funcionaria dominada por el miedo?
Me parece bastante más operativo para esa misma Oposición -en el caso de que su principal objetivo sea resolver el problema de un montón de proveedores- que ayude y colabore con la actual mayoría de gobierno a zanjar este asunto convenciendo a la burocracia a efectuar su trabajo con rapidez y con seguridad. Si por otra parte la interventora se convierte en un problema para que el Consistorio avance y esté a la altura de las circunstancias, a lo mejor un descansito no le vendría mal. ¿Lo apoyaría la Oposición o sólo está para erosionar al alcalde?
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