La magistrada de la sala de lo social, Gloria Poyatos, resalta la importancia de una norma orientada a cambiar la forma de actuar de todas las administraciones públicas.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) es pionero en la aplicación de la perspectiva de infancia y adolescencia en sus sentencias, una actitud que se verá reforzada con la nueva Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, según señala la magistrada de la sala de lo social del alto tribunal, Gloria Poyatos.
Poyatos señala que esta ley es de carácter transversal e impacta a muchas normas de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que la considera muy importante para la protección de la infancia y la adolescencia por parte de todos los poderes públicos: “No podemos tratar a este sector de la población como si fuera adulto”.
Importantes innovaciones
Destaca el aumento del plazo de prescripción de los delitos de abuso sexual hasta los 35 años, pues supone tener en cuenta el gran impacto de este tipo de delitos en los menores, la resistencia que sufren al recuerdo y la fragmentación de la memoria, que hace que la denuncia se pueda retrasar muchos años.
Asimismo, la ley acaba con el denominado “síndrome de alienación parental”, sobre el cual ya el Consejo Superior del Poder Judicial ha recomendado su no aplicación. Poyatos recuerda que se ha venido usando para desacreditar las manifestaciones de los menores y adolescentes bajo la consigna de que han sido manipulados, particularmente responsabilizando de ello a las madres, que quedan perjudicadas en el proceso
Asimismo, señala el avance en la protección de los menores inmigrantes, que hasta ahora sufrían la denigración de tener que evidenciar sus partes íntimas cuando para determinar su minoría de edad “hay medidas menos intrusivas”.
De aplicación en todas las jurisdicciones
Poyatos recalca que la perspectiva de infancia y adolescencia es de aplicación en todas las jurisdicciones, pues se pueden dictar sentencias con impacto para los menores en todos los ámbitos. Menciona que un caso paradigmático es el de la jurisdicción de lo social, en la que se dirimen cuestiones como las prestaciones a personas con menores a cargo, materias relativas a la conciliación, el embarazo o la lactancia. A este respecto, indica que la lactancia “es mucho más que la aportación de nutrientes. Es una forma muy especial y peculiar de relación con la madre que tiene que ser protegida”. Afirma que los jueces y juezas tienen que integrar el interés superior del menor, algo que no siempre se hace de manera sistemática.
Responsabilidad de toda la sociedad
Poyatos considera que la protección de los menores es incumbencia de toda la sociedad, que no siempre es consciente de su responsabilidad. Esto se debe a que, por ejemplo, los delitos de violencia contra los menores sufre cierta devaluación que dificulta su denuncia. Así, no siempre tenemos en cuenta el impacto que tienen sobre los jóvenes, algo similar a lo que pasa con la violencia de género: “No podemos seguir gestionando el fracaso”, afirma Poyatos, que llama a atajar estas situaciones incluso antes de que se produzcan.