➤ «Invertir cuatro veces más de lo que se ahorra en impuestos demuestra el compromiso de los empresarios canarios» ➤ «La aplicación de la RIC en Baleares es una oportunidad para validar su eficacia» ➤ «La inseguridad jurídica resta competitividad a la RIC y desincentiva las inversiones»
El economista Salvador Miranda, director de la Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), afirma que la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) sigue siendo «el mayor incentivo fiscal que ha tenido nunca el Archipiélago» y advierte de que, a pesar de su complejidad, continúa generando riqueza cuando es bien aplicada. Su último trabajo, un volumen de 1.200 páginas titulado Manual de la reserva para inversiones de Canarias y Baleares 2014-2027. I: La dotación, recoge sus reflexiones tras años de investigación tanto histórica como técnica, y se dirige principalmente a asesores, empresarios y juristas.
En la primera parte de este nuevo tomo, Miranda actualiza los datos sobre dotaciones de la RIC, señalando una recuperación tras el desplome de la inversión en el periodo de la pandemia. «En 2006 las empresas llegaron a comprometer hasta 2.500 millones de euros en inversiones», destaca, mientras que en los años posteriores a la crisis financiera esa cifra cayó a 400 millones. No obstante, subraya que desde 2020 las dotaciones vuelven a crecer, alcanzando los 1.500 millones en 2023, según datos oficiosos.
Baleares, un espejo útil
El economista considera que la aplicación de una RIC similar en Baleares no debe verse como una competencia, sino como una oportunidad. «Las pymes de ambos archipiélagos pueden beneficiarse de un esquema fiscal análogo, aunque las grandes empresas siguen teniendo más margen en Canarias gracias a nuestro estatus como región ultraperiférica», explica. Además, Miranda celebra que su trabajo sirva para que los asesores baleares no repitan los errores cometidos en Canarias por falta de seguridad jurídica: «En los noventa no sabíamos cómo funcionaba este instrumento y Hacienda lo interpretó restrictivamente».
Aun así, recuerda que los límites en Baleares son más estrechos, ya que no pueden acceder a ayudas al funcionamiento ni a incentivos por lejanía. «Mientras una pyme canaria puede materializar hasta siete millones de euros, en Baleares no pueden superar los 300.000 anuales», puntualiza.
La trampa de la inseguridad jurídica
Uno de los ejes centrales de la obra es la crítica a la inseguridad jurídica que afecta a la RIC desde hace décadas. Miranda señala que muchas sentencias llegan con años de retraso y, cuando lo hacen, «no clarifican lo suficiente para resolver las dudas del sector». Pone como ejemplo las controversias sobre las comunidades de bienes: «Desde 2007 se discute si el comunero debe participar activamente en la gestión para acogerse a la RIC, pero el Tribunal Supremo ha sido contradictorio en sus fallos más recientes», denuncia.
En contraste, valora de forma positiva una sentencia de 2025 que permite mantener los beneficios fiscales incluso tras la jubilación, siempre que las inversiones estén materializadas en instrumentos financieros como bonos del Cabildo o proyectos de vivienda protegida. «Es un fallo que nos da vida y que alienta a seguir apostando por este instrumento», concluye.
Una obra en marcha para varias generaciones
Con este manual, Miranda inaugura una nueva etapa de su extensa labor investigadora, tras completar tomos dedicados a los siglos XV al XVIII del régimen económico-fiscal de Canarias. Asegura que la obra completa podría extenderse hasta los quince años de trabajo y confía en que, una vez terminada, sirva tanto a legisladores y asesores como a estudiantes e investigadores. «No se trata solo de escribir un libro técnico, sino de dejar una herramienta viva que fortalezca nuestro modelo económico con visión de futuro», afirma.