➤ «La pérdida de fondos Next Generation es una falta de adaptación de la Administración» ➤ «La atención a las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas está en el entorno del 60%» ➤ «Vamos introduciendo una mayor cantidad de dinero y el problema es que el personal sigue siendo exactamente el mismo»
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, reclama adaptar los medios de la Administración al crecimiento de los presupuestos y alerta de las dificultades para controlar y ejecutar unos recursos públicos cada vez mayores.
Un sector público cada vez más complejo
Pacheco considera que la situación financiera de Canarias es razonablemente saneada en comparación con otras comunidades, pero advierte de problemas de gestión derivados de la creciente complejidad del sector público. Sociedades, organismos autónomos, fondos europeos y nuevos mecanismos de integridad multiplican las exigencias sin que los recursos humanos y materiales crezcan en la misma proporción. «Hoy en día, con el tamaño del sector público, es totalmente imposible decir que controlamos todo», afirma.
El presidente de la Audiencia de Cuentas sostiene que el control tiene que orientarse cada vez más hacia la selección de riesgos y lamenta que algunas deficiencias se detecten demasiado tarde. Pone como ejemplo actuaciones relacionadas con la pandemia que llegan a fiscalizarse cuatro años después, cuando considera que determinados problemas necesitarían respuestas en seis meses o un año.
Los fondos europeos desbordan la capacidad administrativa
Pacheco atribuye las dificultades para ejecutar los fondos Next Generation a «una falta de adaptación de la Administración». Explica que el volumen de recursos aumenta mientras la estructura encargada de gestionarlos permanece prácticamente igual. «Se recibe un determinado dinero, un determinado volumen, y no hay una Administración capaz de respaldar» esa gestión, señala.
El problema se reproduce en las inversiones. Pacheco indica que el capítulo 6 del presupuesto autonómico pasa de 389 millones de euros en 2020 a 794 millones en 2024, mientras el personal continúa siendo esencialmente el mismo. La ejecución, explica, se mueve en torno al 58% o 59% en varios ejercicios y cae al 52% en 2024, aunque apunta que en 2025 se recupera hasta acercarse al 70%. Entre las soluciones planteadas por la Audiencia cita una mejor programación previa de la contratación y una mayor concentración de los órganos contratantes.
Las sanciones eléctricas y el perjuicio al erario
Pacheco aborda también el expediente de las sanciones por los apagones eléctricos que finalmente fueron anuladas por los tribunales. Explica que las resoluciones de inicio debían notificarse en un máximo de tres meses, pero algunas comunicaciones se produjeron mucho después. Cuando los tribunales declararon caducados los procedimientos, la prescripción ya impedía reiniciarlos.
«Ahí indudablemente se produce un perjuicio al erario público», afirma. La Audiencia de Cuentas señala en su informe que podía existir responsabilidad contable y Pacheco explica que la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió un expediente que, según la última información de la que dispone, se encontraba en diligencias previas.
Patrocinios que funcionan como subvenciones
El presidente del órgano fiscalizador alerta asimismo de la utilización de la figura del patrocinio para operaciones que, por su naturaleza, deberían tramitarse como subvenciones. Explica que el patrocinio exige una contraprestación publicitaria, mientras que una subvención directa de interés público responde a una lógica distinta.
Pacheco precisa que la Audiencia no cuestiona necesariamente la intención de las administraciones, pero sí detecta confusión en la utilización de ambas figuras. Los informes recientes del órgano fiscalizador han señalado deficiencias en este ámbito, entre ellas actuaciones de empresas públicas como Promotur.
Un 60% de las recomendaciones acaba aplicándose
Pacheco destaca que aproximadamente seis de cada diez recomendaciones formuladas por la Audiencia de Cuentas terminan siendo atendidas. El resto no se incorpora bien porque la Administración carece de capacidad para hacerlo o porque discrepa del criterio del órgano fiscalizador.
Aclara, además, que esas recomendaciones no se refieren al cumplimiento de normas obligatorias. «Nosotros no recomendamos cumplir la ley. La ley es la ley y hay que cumplirla», subraya. Su finalidad, explica, es proponer mejoras que permitan elevar la ejecución, corregir ineficiencias y anticipar problemas antes de que se traduzcan en pérdida de recursos públicos.