➤ «El ciudadano no tiene que justificar qué información pública solicita a las entidades públicas» ➤ «Las resoluciones del Comisionado de Transparencia son de obligado cumplimiento» ➤ «El Parlamento de Canarias es uno de los pocos órganos de la comunidad autónoma donde el Comisionado no tiene competencia»
La comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García, advierte de que el silencio administrativo continúa siendo uno de los principales obstáculos para ejercer el derecho ciudadano a conocer la actuación de las instituciones. En una entrevista en El Espejo Canario, realizada durante un programa especial desde el Parlamento autonómico, explica que numerosas administraciones incumplen su obligación de responder a las solicitudes de información, pese a que los portales de transparencia del sector público canario han alcanzado una calificación media histórica de 8,87 puntos en la evaluación correspondiente a 2025.
García distingue entre la información que las administraciones publican por iniciativa propia y la que están obligadas a facilitar cuando un ciudadano la solicita. La primera, conocida como publicidad activa, registra una evolución positiva, mientras que la segunda continúa presentando deficiencias importantes. «Las entidades muchas veces no responden, no solo no le responden al ciudadano, sino cuando nosotros les preguntamos en primera instancia por esa información, por qué no le han dado la información, ni siquiera nos contestan a nosotros», señala.
El derecho a preguntar sin dar explicaciones
La comisionada recuerda que cualquier persona puede solicitar información a una administración pública sin necesidad de justificar su interés. Conocer cuánto costó un concierto o cuántas modificaciones presupuestarias se realizaron en una obra son ejemplos de cuestiones sobre las que los ciudadanos pueden ejercer este derecho. Si la administración no contesta en el plazo de un mes, al día siguiente ya puede presentar una reclamación ante el Comisionado de Transparencia.
García subraya que las resoluciones de su organismo son obligatorias para las administraciones afectadas, a diferencia de las recomendaciones que formula la Diputación del Común. Si una institución discrepa de una resolución, puede acudir a la vía contencioso-administrativa, pero no ignorarla sin más. Explica que buena parte de las reclamaciones están relacionadas con urbanismo, contratación pública y función pública, aunque también recurren al organismo numerosos concejales de la oposición que encuentran dificultades para acceder a documentación municipal.
Entre los ejemplos más significativos menciona el Ayuntamiento de Fuencaliente, en La Palma, que recibió más de sesenta reclamaciones durante el último ejercicio, procedentes mayoritariamente de un integrante de la corporación. La comisionada recuerda que la falta de acceso a determinada documentación puede afectar incluso al ejercicio de los derechos fundamentales de los representantes públicos y dar lugar a procedimientos judiciales.
Un conflicto judicial por las ayudas del volcán
Uno de los asuntos más relevantes que mantiene abierto el Comisionado es el procedimiento judicial con el Gobierno de Canarias por la publicación de las ayudas relacionadas con la erupción volcánica de La Palma. García explica que su organismo resolvió, a raíz de una reclamación, que determinada información sobre esos fondos debía hacerse pública, mientras que el Ejecutivo autonómico discrepa de esa interpretación.
La controversia se centra en la naturaleza jurídica de las cantidades entregadas. Según expone, el Gobierno considera que se trata de indemnizaciones y no de ayudas en sentido estricto. El Comisionado entiende, por su parte, que son fondos públicos cuya publicidad debe garantizarse, con las excepciones y salvaguardas previstas legalmente para proteger situaciones especialmente sensibles.
García evita anticipar el resultado del procedimiento judicial, aunque defiende la fundamentación jurídica de la resolución. «Yo soy prudente con las decisiones judiciales», afirma. Considera que una mayor publicidad beneficia también a las propias administraciones porque permite explicar los criterios utilizados para distribuir los recursos. Para la comisionada, la verdadera cultura de la transparencia consiste en facilitar la información por convicción y no únicamente porque exista una obligación legal.
El Parlamento, fuera de la supervisión del Comisionado
La responsable de Transparencia aclara una particularidad del sistema institucional canario: el Parlamento autonómico no está sometido a la supervisión de su organismo. Aunque el Comisionado evalúa al Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos y otras entidades públicas, la legislación atribuye a la propia Mesa del Parlamento las funciones de control de la transparencia de la Cámara.
Esto significa que el Parlamento debe disponer de su correspondiente portal de transparencia y atender las solicitudes de información que reciba, pero las reclamaciones relacionadas con esas obligaciones no se tramitan ante el Comisionado. García explica que esta excepción responde al régimen legal establecido para la institución parlamentaria.
Más de 1.400 entidades sometidas a evaluación
La comisionada confirma que la evaluación correspondiente a 2025 ha situado la calificación media de los portales de transparencia del sector público canario en 8,87 puntos, el mejor resultado histórico. Sin embargo, advierte de que esta puntuación mide fundamentalmente el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y no refleja suficientemente las dificultades que encuentran los ciudadanos cuando solicitan información directamente.
Su objetivo es avanzar hacia un sistema de evaluación que también tenga en cuenta la respuesta efectiva de las administraciones. García explica que actualmente se supervisa a más de cuatrocientas entidades públicas y organismos dependientes, además de más de mil entidades privadas receptoras de fondos públicos. Recuerda que se han encontrado casos de organizaciones privadas que, pese a recibir siete millones de euros de financiación pública, no habían presentado la correspondiente evaluación de transparencia.
Un presupuesto insuficiente para ampliar el servicio
Respecto a los recursos económicos de la institución, García reconoce que no está completamente satisfecha con el presupuesto previsto para 2027, situado en torno a 1,6 millones de euros. La propuesta formulada por el organismo era algo superior, principalmente para desarrollar el plan estratégico aprobado el año anterior y reforzar su plantilla.
Explica que el Comisionado dispone de un plazo de tres meses para resolver las reclamaciones, una exigencia que mantiene al personal con una elevada carga de trabajo. También considera necesario mejorar el conocimiento ciudadano sobre la institución, sus competencias y las posibilidades que ofrece para exigir información a las administraciones. Recuerda que su coste representa menos de un euro anual por habitante de Canarias.
García defiende igualmente la independencia del organismo, cuya dirección cuenta con el respaldo de las fuerzas parlamentarias. Asegura que no recibe presiones directas, aunque sí sugerencias sobre cómo abordar determinadas cuestiones, y sostiene que su finalidad no es sancionar o desacreditar a las instituciones, sino ayudarlas a cumplir sus obligaciones. «Yo no quiero ni ponerle mala nota a nadie, ni suspender a nadie, ni amedrentar a nadie. Lo que quiero es ayudarles a cumplir», afirma.
Las consecuencias personales de la erupción de La Palma
Durante la entrevista, García recuerda también su experiencia como alcaldesa de Los Llanos de Aridane durante la erupción volcánica de 2021 y las consecuencias emocionales que aquella emergencia dejó tanto en la población como en quienes asumieron responsabilidades públicas.
La comisionada, que es psicóloga, reconoce que necesitó asistencia psicológica aproximadamente un año después de la erupción, cuando comenzó a procesar las experiencias vividas durante la emergencia. Explica que inicialmente le costó aceptar que necesitaba ayuda profesional, precisamente por su formación, pero considera fundamental normalizar la atención psicológica y reconocer las consecuencias que las situaciones traumáticas pueden tener sobre las personas.
García reivindica especialmente el esfuerzo de las familias afectadas, que perdieron no solo sus bienes materiales, sino también espacios vinculados a su memoria y a sus relaciones personales. Su experiencia en La Palma refuerza, según expresa durante la conversación, la importancia de unas instituciones próximas a la ciudadanía y capaces de responder a sus necesidades. Una responsabilidad que ahora desarrolla desde el ámbito de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.