El propietario del Grupo Ralons y presidente de la UDLP garantiza que los 3.000 vigilantes de Seguridad Integral Canaria serán subrogados por otras empresas sin pérdida salarial ni de antigüedad.
“De los 4.000 trabajadores que tiene Seguridad Integral Canaria (SIC), 3.000 pasarán a trabajar en otras empresas”, ha comenzado diciendo el presidente del Grupo Ralons, Miguel Ángel Ramírez, en La entrevista del día de El Espejo Canario. El pasado 22 de agosto, y a través de Héctor de Armas, director general de la compañía propiedad del también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas (UDLP), comunicó al comité de empresa que «Esta empresa se retira, se acaba, se terminó, no seguimos. Hasta aquí hemos llegado», asegurando que era «la decisión del accionista», quien habría dicho «no pongo un duro más y me voy del sector de la seguridad. Punto».
Ramírez quiso desmentir en EEC que los trabajadores vayan a perder sus puestos, ya que “los contratos [vigentes] se transfieren a otras empresas que subrogan al personal”, al tiempo que justifica el cerrojazo empresarial por los convenios colectivos establecidos en Gran Canaria bajo el marco sectorial estatal y por el bajo rendimiento económico de los contratos entablados con la Administración, que sólo se pueden llevar a cabo “si se tiene un acuerdo económico con el personal”. Ramírez afirma que “los costos [de mantener la empresa] son superiores a lo que la Administración nos está pagando”, por lo que De Armas le recomendó abandonar el sector y centrarse «en lo que realmente te puede dar dinero», que son “la división de transporte de fondos y la del sistemas de alarmas”.
Sobre las críticas recibidas por los bajos sueldos que SIC pagaba a sus vigilantes, el presidente de la ULPD asegura que su empresa “pagaba más que Eulen”, la compañía privada que se encarga de la seguridad en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) cuyos trabajadores fueron a la huelga este verano reclamando subidas salariales. Ramírez, quien se quejó de que el sector y los medios calificaran “peyorativamente” de «low cost» a su empresa “porque de lo que se trata es de relacionarla conmigo”, espetó un “pues yo ya me voy del sector, aquí les dejo la vigilancia, que sean todos muy felices y olvídense todos de mí”.
Por otra parte, el presidente de Ralons calculó en unos 30 millones de euros la deuda que la Administración tiene con el Grupo, señalando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como el más moroso (unos cinco millones), fundamentalmente por el servicio de ayudas a domicilio que siguió prestando durante cuatro meses hasta que se adjudicó el contrato, un total de 10 meses. En el caso de ganar el nuevo contrato, “la Administración nos tendrá que indemnizar”, dijo. La licitación está en manos de Jacinto Ortega, concejal del Grupo Político Municipal Las Palmas de Gran Canaria Puede (LPGC Puede), con quien Ramírez mantiene un prolongado litigio personal y profesional, por lo que denuncia “una persecución” que se extiende al Cabildo de Gran Canaria, “donde tenemos la seguridad, que también vamos a ceder, y Podemos ha instado una votación para que se me quiten todos los contratos”, aunque no supo aclarar si proviene del sector de P’s que está en el gobierno insular o del que está en la oposición.
Sobre la UDLP, dijo que “tenemos la mejor plantilla de la historia”, por lo que descartó un nuevo fichaje estrella tras la baja de Vitolo. Igualmente, aseveró que, “después de unos cambios, la emisora de radio [del Club] este año no va a perder dinero”.