➤ «Hay 8.776 pacientes que están escondidos en un cajón» ➤ «En el caso mascarillas, se ha filtrado un documento secreto» ➤ «No hay un modo canario de hacer política»
El diputado del PSOE y portavoz de Sanidad en el Parlamento de Canarias, Miguel Ángel Pérez del Pino, acusa al Ejecutivo autonómico de manipular las cifras de listas de espera mediante un «uso exacerbado» de la denominada lista no estructural y de derivaciones que, dice, «sacan pacientes de la estadística» sin resolver su problema. «Están haciendo un uso para esconder pacientes bajo la alfombra», afirma, y sostiene que existen «8.776, para ser exactos, que están escondidos en un cajón», lo que —explica— elevaría la cifra real de demorados quirúrgicos hasta «casi 41.000» frente a los «31.000 y algo» que el Gobierno defiende en sus balances. «La lista de espera tiene que ser una sola», remacha.
El debate de las cifras: «pacientes con nombres y apellidos»
Pérez del Pino subraya que sus datos «son oficiales» y proceden de documentación remitida por el propio Servicio Canario de la Salud (SCS) a petición parlamentaria. Explica que detecta picos «especialmente graves» de movimientos hacia la lista no estructural en los meses previos a cada corte estadístico, con un salto que llega «a casi 2.600 personas en un solo mes» frente a los valores habituales «de 8, 9, 10, 12 o 13» al mes. A su juicio, ese patrón «camufla» la demora real de quienes más tiempo esperan, incluidos «pacientes con más de mil días» pendientes de intervención. «Para mí son pacientes, no números», insiste.
Derivaciones y doble circuito: «la lista es pública»
El portavoz sanitario aclara que no «ataca» a la sanidad concertada, pero rechaza cualquier política que convierta las derivaciones en una vía para mejorar las cifras sin reducir la espera efectiva. Detalla que cuando un paciente es enviado a la privada «pasa a un estado de derivación» y «no computa en la lista de espera» hasta que vuelve intervenido: «Tiene que haber solo una lista, la lista es pública», sostiene. Lo que «no se debe hacer», recalca, es utilizar «torticeramente» la lista no estructural «para esconder aquello que realmente molesta en la estadística».
Transparencia y gestión: «rigor y seriedad»
Pérez del Pino reivindica «rigor y seriedad» como base de la política sanitaria: «Cuando algo está bien, decirlo; cuando está mal, denunciarlo», afirma. Defiende que la confianza ciudadana depende de «transparencia», «rigor» y «afrontar los problemas con claridad pública», y contrapone ese estándar a lo que describe como una «gestión opaca» de los tiempos de espera y de los recursos destinados a conciertos sanitarios.
Gasto concertado y prioridades: «fortalecer lo público»
El diputado distingue entre coexistencia público-privada y «favorecer al negocio privado respecto a la inversión pública». Cita cifras de la Dirección General de Recursos Económicos para denunciar un «salto» del gasto concertado respecto a lo presupuestado, y critica que no se haya explicitado ese incremento en las cuentas: «Ese dinero se puede emplear en más médicos, en más enfermeros y en mejores infraestructuras públicas», afirma. «Mi función como gestor público es fortalecer los servicios públicos», zanja.
La “filtración” del caso Mascarillas: «documento secreto»
Sobre la filtración del informe de la comisión de investigación del ‘caso Mascarillas’, el diputado asegura que ni él ni su grupo han tenido «acceso» al documento, y recuerda que la Mesa del Parlamento «lo declara secreto». «La filtración se produce de un documento que es secreto», subraya, y sitúa la «responsabilidad» en el presidente y los miembros de la Mesa de la comisión, además de los diputados integrantes, por no mantener «el sigilo» y el «rigor» del procedimiento. Añade que él y otros parlamentarios han presentado «declaración jurada» negando cualquier contacto con el informe.
La disposición salarial que llega al Constitucional: «un agujero negro»
Pérez del Pino recuerda que en noviembre de 2024 alerta en comisión sobre una disposición que permite retribuir a directivos sanitarios al nivel de sus ingresos previos en el sector privado, con carácter «retroactivo». A su entender, la medida «va contra la norma» y «abre un agujero negro» en las cuentas, motivo por el que el Estado la impugna y el asunto termina ante el Tribunal Constitucional. «Es una forma de colar a personas en el Gobierno de Canarias», sostiene.
«No hay un modo canario de hacer política»
Preguntado por la forma de hacer oposición, el portavoz replica que «no hay un modo canario de hacer política» y rechaza el «mirar para Madrid» como coartada: la única fórmula válida —dice— es la que «se basa en el rigor» y en señalar con claridad lo que funciona y lo que no. En esa línea, defiende que sus denuncias no buscan desgaste político sino corregir desviaciones que, asegura, perjudican directamente a los pacientes.