La defensora de afectados por las cláusulas suelo advierte de que se siguen cometiendo abusos y que hay que recurrir a los Tribunales para garantizar derechos.
La abogada experta en cláusulas suelo, hipotecas y servicios bancarios quien, tras trabajar para la Banca pasó a asesorar a los clientes perjudicados por las controvertidas operaciones financieras “que estaban de moda”, ha dicho hoy durante La entrevista del día de El Espejo Canario que “el Tribunal Supremo sigue anulando productos bancarios y cláusulas abusivas” y que su trabajo se dirige a “informar a los clientes de cuáles son sus derechos” y “equiparar las posiciones” entre unos y otros. En su experiencia, afirmó, “son los Tribunales los que están dando garantías a los clientes” de que sus litigios se resuelvan definitivamente ya que, “salvo alguna entidad”, las demás no están poniendo facilidades para llegar a acuerdos ni para anular las cláusulas. Martínez alertó de que “no hay ninguna garantía de que, dentro de tres años, el Gobierno saque una norma que diga que las cláusulas declaradas nulas no se puedan volver a aplicar”.
Respecto a la ‘desigualdad’ que sufren los propietarios canarios para litigar sus derechos debido a la lejanía de los juzgados creados ad hoc para “paliar la avalancha de demandas”, la abogada reconoció que “la insularidad perjudica a las islas menores” ya que tienen que desplazarse a las capitalinas, pero considera que podría convertirse “en un mal menor” si se incentiva la cooperación entre despachos defensores pero, sobre todo, “si los bancos, que tienen capacidad para ello, valoraran y decidieran qué cláusulas son nulas, aceptar la nulidad y devolver lo pagado”.
En cualquiera de los casos, continuó Martínez, “el cliente tiene que hacer una inversión importante” cuando se plantea demandar al banco, por lo que considera que “el pago de las costas” es un problema que debería ser atendido porque no hay un criterio unificado entre los jueces. Por otra parte, entiende que “las cláusulas suelo no deberían llamarse productos tóxicos” porque eran “una práctica habitual del clausurado” a la que se ha puesto freno por falta de transparencia; para la experta, un producto tóxico es aquel “que conlleva un riesgo porque no se ha advertido al cliente”, como es el caso, a día de hoy, de los préstamos multidivisa.
“La banca tiene la sartén por el mango”, resumió Martínez para señalar las prácticas dilatorias o de presión que ejerce sobre los juzgados únicos que van a tener que resolver reclamaciones no sólo sobre las cláusulas suelo sino “para todos los productos bancarios” por lo que, “aunque confío en la total imparcialidad de los jueces, toda la banca va a depender de un solo juzgado”, con las consecuentes suspicacias ante tal concentración. María Luisa Martínez duda que se puedan reclamar también la devolución de todos los gastos vinculados a la concesión de una hipoteca (tasación, gestoría, notaría) porque “en puridad, no sólo benefician a los bancos” y su despacho ha decidido “aplicar el criterio estricto” que indicó el Tribunal Supremo en su sentencia.
Previamente a la demanda judicial, “hay entidades que ofrecen un dinero” como en el caso del BBVA, indicó la abogada, por lo que hay afectados que prefieren plantarse a seguir litigando; sin embargo, la mayoría [de las entidades] “se justifican en que la sentencia del Supremo no las ha condenado” y obligan “a llegar hasta el final” de la demanda, sabiendo que “tienen poder para recurrir, reclamar, contestar, apelar”, algo que a Martínez le “da rabia porque lo tienen muy fácil” mientras se perjudica al demandante que no tiene recursos ni tiempo para continuar: “La banca ha arrasado con los clientes en los últimos años”, afirmó, “no ha respetado la confianza que deposita” en ella.
Sobre la quiebra del Banco Popular, Martínez destacó “la tristeza que me producen las personas que han confiado hasta el final en su empleado de banca”, y se mostró “convencida de que sabían lo que estaba ocurriendo, tenían instrucciones expresas de aguantar” poniendo en riesgo “los ahorros y las ilusiones de las personas”, y recomendó revisar los casos que “acudieron el año pasado a una ampliación de capital” con información fraudulenta.
Para finalizar, María Luisa Martínez confirmó que “no es una sensación, sino una realidad” que las decisiones gubernamentales favorecen y protegen a la banca, “por eso confío tanto en el sistema judicial”.