➤ «La regulación de la actividad vacacional y la declaración de zonas tensionadas son herramientas viables» ➤ «Hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones que puedan entrar en vulneración de derechos fundamentales» ➤ El primer paso sería que se nos atribuyera competencias en materia de vivienda»
La presidenta de la FECAM y alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, defiende un marco «de regulación» del alquiler vacacional, no de prohibición, y reclama que el municipalismo disponga de competencias reales y financiación para intervenir en vivienda. «Eso sería el primer paso, el que se nos atribuyera competencias en materia de vivienda», subraya, al tiempo que insiste en que la combinación de «regulación de la actividad vacacional» y «declaración de zonas tensionadas» puede ayudar a mitigar la escalada de precios del alquiler.
La FECAM ha trabajado «uno de los textos más elaborados de los últimos años» en enmiendas a la futura ley del alquiler vacacional. Brito asegura que varios grupos han incorporado propuestas de la Federación y que esta semana han remitido «últimas consideraciones» para dotar de claridad y seguridad jurídica al articulado. El objetivo: regular una actividad económica, no prohibirla, y contribuir —donde proceda— a moderar precios de alquiler. «Estamos a favor de que se regule, no de que se prohíba», reitera.
Una mesa con el Gobierno para “bajar a lo local”
Brito explica que el 2 de septiembre la FECAM mantuvo una reunión con el presidente y varios consejeros para abrir una «línea de trabajo» que analice cómo ampliar las capacidades municipales en vivienda, turismo, tributación y empadronamiento. El Ejecutivo plantea estudiar una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local —un camino «complicado» por la falta de consensos estatales—, mientras la Federación pide medidas concretas que refuercen la autonomía local y permitan actuar «anclados a la realidad» de cada isla y de cada municipio. «Seguimos en conversaciones para poder formar ese grupo de trabajo que estudie», señala.
Competencias y financiación: la condición de posibilidad
La presidenta recuerda que la competencia en vivienda «reside en el Gobierno de Canarias» y que, sin atribuciones claras y recursos, los ayuntamientos pueden «hacer poco» para limitar el acceso o modular precios. En el día a día, apunta, los consistorios ceden suelo para promociones públicas, incentivan el desarrollo privado conforme al planeamiento y cooperan con cabildos y Gobierno, pero carecen de instrumentos directos para gestionar el parque público o decidir adjudicaciones. «Si los ayuntamientos no podemos intervenir directamente, pues poco podremos hacer», resume.
Cautelas sobre limitar la compra por extranjeros
Preguntada por las propuestas para restringir la compra de vivienda a no residentes, Brito distingue entre su opinión personal —defiende las libertades de circulación y residencia— y la posición institucional: «Hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones que puedan entrar en lo que podríamos considerar quizás vulnerar derechos fundamentales». Aun así, pide soluciones ajustadas a la diversidad canaria: no es lo mismo una capital tensionada que un municipio en despoblación donde la llegada de población foránea «ancla» servicios y empleo. «Las realidades son muy distintas» y deben reflejarse en la normativa autonómica y local.
Herramientas: zonas tensionadas, regulación y más vivienda
Para Brito, el reequilibrio del mercado pasa por dos carriles: a corto y medio plazo, «la regulación de la actividad vacacional y la declaración de zonas tensionadas»; a medio y largo, «construcción de nueva vivienda» (pública y privada) y «rehabilitación de vivienda vacía o antigua» con apoyo presupuestario en municipios menores de 20.000 habitantes. «Eso es la clave», afirma, insistiendo en que la regulación debe aportar «seguridad jurídica» y minimizar interpretaciones que vacíen la eficacia de la norma.
Con el nuevo protocolo autonómico ya en vigor, Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado formalmente la declaración de zona tensionada. Santa Cruz de Tenerife encargó estudio, pero «no es concluyente» para activar la figura, y otros municipios están elaborando informes o han presentado mociones sin expediente técnico. La FECAM espera que el Gobierno analice las solicitudes y actúe donde la evidencia lo avale.
Cuellos de botella administrativos: agilizar sin perder rigor
Sobre la reciente vía para reducir plazos urbanísticos mediante informes de entidades colaboradoras, Brito señala que «aún es pronto» para evaluar impacto: algunos ayuntamientos prefieren seguir con sus oficinas técnicas y todavía no se ha completado la acreditación de nuevas entidades más allá de los colegios profesionales. No observa «una avalancha de solicitudes» con informes externos y reclama datos para medir resultados.
La alcaldesa pone ejemplos cotidianos: «Atenderé a una vecina con un problema de un lanzamiento, de un desahucio». Los ciudadanos acuden «a su alcalde o su alcaldesa» buscando soluciones urgentes, pero, sin parque público disponible ni capacidad de gestión directa, la respuesta es limitada. La FECAM pide reforzar instrumentos de emergencia habitacional y coordinación con el Icavi para no dejar solos a los municipios ante estas situaciones.
Otras urgencias del municipalismo
Vivienda, movilidad y seguridad encabezan la agenda. Brito reclama más efectivos para las policías locales y una respuesta «satisfactoria» del Gobierno. Advierte, además, del retraso del decreto de seguridad en playas y de la falta de «recursos humanos habilitados nacionales», que complica la tramitación de expedientes pese a que los procesos de estabilización han reducido la temporalidad. También pide que la reforma de la ley de ordenación turística se elabore «contando con los municipios» por su impacto económico directo.