➤ «El concurso del Santa Catalina no solo supuso la pérdida de la gestión sino la desconsideración al trabajo realizado» ➤ «Estoy luchando y sigo luchando hasta ver a dónde llega esto, aunque entrar en esta fase supone cosas feas y palabras mayores para cualquier empresario».
Manuel Padrón, presidente del Grupo Juan Padrón, repasa en El Espejo Canario una biografía empresarial marcada por los giros bruscos de la historia reciente. Recuerda cómo su padre, Juan Padrón Marrero, «alma intrépida, aventurera, emprendedora», emigró con la familia al Sáhara español para empezar de cero, levantando allí un negocio de máquinas recreativas, futbolines y tocadiscos hasta que la Marcha Verde lo cambió todo «de un día para otro» y obligó a la evacuación. Con apenas 17 años, relata, tuvo que regresar a Canarias y «volver a empezar de cero otra vez», mientras las máquinas se destrozaban al cargar y descargar en anfibios por la falta de muelle y su padre «venía totalmente estresado» por el trato que recibían sus equipos.
Un grupo con 850 empleos y la vista puesta en Canarias
Padrón subraya que el grupo empresarial que preside mantiene hoy 850 puestos de trabajo directos, una cifra que asume como una enorme carga de responsabilidad. «Mi padre lo decía y yo se lo digo a mis hermanos también, que nosotros no somos el ombligo, tenemos la responsabilidad de 850 familias», insiste, para defender una forma de entender la empresa pegada al territorio. Reitera que su padre lo invirtió todo en Canarias y que esa filosofía de reinversión local guía las decisiones del grupo, tanto en el sector del juego como en la gestión hotelera y otros negocios vinculados a la economía canaria.
La apuesta por el Santa Catalina y la falta de reconocimiento
El empresario rememora la decisión de asumir la gestión del Hotel Santa Catalina en los años noventa, a petición del entonces alcalde Emilio Mayoral. Señala que el Ayuntamiento contaba con un fondo de previsión de inversiones procedente del casino y que el acuerdo planteaba un contrato de arrendamiento de industria a 15 años, ampliable hasta 20 si se acometían determinadas obras.
Según explica, bastaba con invertir mil millones de pesetas para cumplir el compromiso, pero «mi padre era un hombre lanzado» y la familia terminó destinando 3.000 millones —18 millones de euros— a reformar el hotel, ampliar aparcamientos, modernizar cocinas, zonas de spa, gimnasio y servicios. «Lo hicimos sin necesidad de hacerlo», subraya, porque creían en el proyecto y en el papel del Santa Catalina como símbolo de ciudad.
Con la misma contundencia expresa su malestar por la manera en que se resolvió posteriormente el concurso para la nueva concesión. Afirma que «no hay reconocimiento, al contrario, es todo lo contrario» y que, tras esa inversión y esos años de gestión, lo mínimo que espera es respeto: «Por lo menos que se callen la boca, que no digan que aquello es una pensión». Asegura que lo que siente no es solo una pérdida económica, sino una falta de consideración con el esfuerzo realizado por su padre y por todo el equipo que levantó el hotel.
Un concurso «mal dado» y dudas sobre el encaje urbanístico
Padrón sostiene que el concurso que otorgó la gestión del Santa Catalina al grupo Barceló «no está bien dado». Detalla que, a su juicio, el proyecto ganador «no cabía en la ficha urbanística» vigente en el momento del concurso y que, al año siguiente, se modifica esa ficha para adaptarla a la propuesta. Asegura que, incluso con la nueva ordenación, determinadas obras y ampliaciones «no caben ni siquiera en esa ficha nueva», desde la creación de unas veinte habitaciones en antiguas zonas de servicio hasta cambios en piscina, fachada y distribución interna del hotel.
Relata que ha ganado ya una causa relacionada precisamente con la ficha urbanística y que el Ayuntamiento se vió obligado a retrotraer actuaciones, pero denuncia que las modificaciones y las obras siguen adelante. Describe actuaciones como la construcción de un edificio de oficinas anexo, la eliminación de la piscina original para favorecer las nuevas habitaciones y la ocupación de plazas de aparcamiento para trasladar instalaciones del hotel, y reclama luz sobre los permisos y licencias otorgadas. Por eso, explica, tiene «ganas de ir al ayuntamiento» a pedir planos, licencias de obra y licencias definitivas, aunque de momento atiende a los tiempos de sus asesores jurídicos.
Tribunales, premios de jubilación y una «sentencia» firmada sin dormir
El presidente del grupo reconoce que la vía judicial se ha convertido en el escenario central de su batalla. Explica que se siente reflejado en otros casos recientes de concursos cuestionados ante el Tribunal Especial de Contratos Administrativos del Gobierno de Canarias y lamenta que ese órgano «se lave las manos». Relata que ha tardado siete años en conseguir que el Tribunal Supremo le reconozca la capacidad para recurrir en solitario, sin la UTE, y que ahora prepara un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. «Estoy luchando y sigo luchando hasta ver a dónde llega esto», afirma, aunque admite que entrar en esta fase supone «cosas feas y palabras mayores» para cualquier empresario.
Uno de los asuntos que más le «arrebata» es el de los premios de jubilación del personal del hotel, un derecho consolidado a partir de la negociación colectiva que, a su juicio, debería asumir la nueva empresa concesionaria al subrogarse la plantilla. Sin embargo, relata que firmó un documento en una jornada maratoniana, «rodeado de abogados de Barcelona» y tras 24 horas sin dormir, en el que asumía obligaciones que ahora considera desproporcionadas: «Yo firmé, como yo digo, la sentencia», resume, al recordar cómo ese acuerdo le obliga a afrontar cerca de 300.000 euros en premios de jubilación.
Asegura que ya ha pagado unos 60.000 y que ha enviado un burofax al concejal Pedro Quevedo para advertirle de que «yo no quiero seguir pagando esto», exigir la devolución de lo abonado y liberar al grupo de «esa losa». El asunto está ya en los tribunales, con una audiencia previa señalada, y Padrón confía en poder exponer ante el juez «lo que pasó realmente» y obtener una reparación que siente que la política municipal le niega desde hace años.