Rafael Massieu Curbelo, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, considera que habilitar agosto es una medida cosmética que no tendrá resultados prácticos
Después de casi tres meses de cierre en todos los sectores de actividad y gestión pública, la sociedad comienza a recuperar, a paso lento, algo de normalidad. Se han reabierto los plazos de los procesos administrativos y en 48 horas se reactivarán también los plazos de los procesos judiciales. En la actualidad el 60% de las plantillas de los órganos judiciales ha vuelto al trabajo presencial.
Pero al contrario que en otros muchos sectores de actividad, en el ámbito de la Administración de Justicia el teletrabajo “ha sido inexistente”, según denunció el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Rafael Massieu Curbelo, quien lo achacó al retraso histórico de esta administración en sumarse a la innovación tecnológica en telecomunicaciones.
Ha sido escaso el interés de la Administración en dotar a la Justicia de las mismas herramientas tecnológicas que, por ejemplo, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, porque lo judicial “ni recauda ni genera votos”, señaló.
A nadie se le esconde que los tres meses de parón en la Administración de Justicia se suma el “retraso secular” de la gestión judicial. En este contexto, desde la Abogacía se han propuesto una serie de medidas que modernicen la Administración y la doten de agilidad.
Desde la admisión de la dirección electrónica como fórmula válida de notificación, hasta la gestión del expediente electrónico que evite desplazamientos y escritos. Otra de las reivindicaciones pasa por establecer una agenda única integral que evite el alto número de suspensiones de juicios y vistas que se ocasionan al fijar fechas sin contemplar que los actores jurídicos puedan estar citados en otros órganos el mismo día y a la misma hora. También la posibilidad de que los juzgados puedan acceder directamente a los registros públicos sin necesidad de tener que hacerlo a través de oficios convencionales. En definitiva un planteamiento que permitiría recuperar parte del tiempo perdido.
Sobre la posibilidad de habilitar judicialmente el mes de agosto, Rafael Massieu Curbelo opinó que la propuesta del Gobierno tenía una finalidad más cosmética que práctica toda vez que las vacaciones de los funcionarios entre los meses de julio, agosto y septiembre haría que los juzgados operaran tres meses “a medio gas”. Frente a esta propuesta consideraron mucho más funcional concentrar el periodo vacacional en el mes de agosto para que el resto de meses la actividad fuera plena.
Massieu consideró que el ámbito mercantil y laboral, consecuencia de la crisis económica que deriva de la pandemia, serán ámbito de especial actividad en los próximo meses, también el contencioso administrativo dado que entiende que algunas de las sanciones derivadas del incumplimiento de las medidas impuestas durante el Estado de Alarma no hayan tenido las suficientes garantías y serán, por tanto, recurridas. “El Gobierno ha improvisado, pero para aprender hay que equivocarse”, dijo.