Hablamos con el sociólogo Jesús Arvelo sobre un informe que muestra cómo la carencia de recursos informáticos dificulta la integración social de las personas.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN-Canarias) ha presentado su informe “Brecha digital y exclusión social” en el que se viene a demostrar que la falta de recursos para acceder a internet empeora las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas, según señala Jesus Arvelo.
Arvelo indica que el colectivo tenía interés en conocer si, durante el confinamiento de la pandemia, los colectivos de personas vulnerables podían acceder a los sistemas de atención social. Esto es así porque las tecnologías de la información son “herramientas cada vez más indispensables, no solo para el contacto personal, sino para el empleo o la formación. Ya no es una necesidad trivial, sino básica para la integración social”.
Doble brecha digital
Para llevar a cabo el estudio se entrevistó a más de 300 unidades de convivencia, abarcando la amplia heterogeneidad de la exclusión social en las islas. A lo largo de la realización se detectó la presencia de las dos brechas digitales en ese colectivo: por una parte, la falta de medios y, por otra, la carencia de las competencias necesarias para el uso de los medios.
Arvelo indica que el estudio refleja algunos aspectos positivos, como el hecho de que más del 90% de los encuestados eran localizables a través de telefonía móvil y el 80% tenía acceso, aunque limitado, a internet. La mayoría tenían acceso a la red a través de su teléfono, pero el 67% carecía de ordenador o tablet en casa y, por tanto, de un acceso a internet de alta velocidad y sin limitación de datos, algo particularmente preocupante para los hogares con menores en edad escolar.
Bien público no opcional
El informe señala que el principal motivo para no poder tener internet en casa era la carencia de recursos económicos, motivo por el cual la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias aboga por convertir las tecnologías del acceso a internet en un bien público no opcional, “un servicio que hay que garantizar a toda la población”.