José Manuel Bermúdez: “Hay condiciones para que se celebre la cabalgata de Reyes”

José Manuel Bermúdez | Foto: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

José Manuel Bermúdez | Foto: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife defiende el uso del certificado covid para la realización de ciertas actividades.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, defiende que, a día de hoy, hay condiciones para celebrar la tradicional cabalgata de reyes con todas las medidas de seguridad contra la covid-19. Por ese motivo, ha elevado esta propuesta al Gobierno canario para que la informe favorablemente.

Bermúdez indica que, aunque estén aumentando el número de contagios, es posible celebrar dicho evento siempre que se arbitren las medidas necesarias para poder hacerlo. A este respecto, es partidario del uso de certificados covid para la realización de ciertas actividades, siguiendo la línea de la ciudad de Nueva York, que ha anunciado que lo va a exigir en las actividades que se celebren con motivo del fin de año.

Poner trabas a las medidas

Rechaza que sea el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que este esté poniendo trabas a la toma de medidas contra la covid en Canarias, pues los jueces se limitan a “aplicar las leyes”, correspondiendo a los poderes ejecutivos y legislativos decidir qué normas tienen que aplicar: “Son los que gobiernan los que tiene que hacer leyes claras”. 

En este contexto, considera que el Gobierno central ha decidido que cada comunidad determine cómo se han de llevar a cabo los controles de forma diferente y se pregunta cómo se van a poder cumplir con las restricciones, si estas se adoptasen, cuando no se disponen de los mismos instrumentos que el pasado año, momento en que estaba en vigor el estado de alarma.

Los números cantan

Bermúdez señala que las cifras de la actividad económicas de Santa Cruz de Tenerife están actualmente por encima de la media tinerfeña e, incluso, de la canaria, lo que, a su juicio, demuestra que el municipio sigue siendo “el motor”, algo por lo que se siente “muy  satisfecho”. No obstante, matiza que esas cifras están aún por debajo de las del año 2019, antes de que sucediera la pandemia de la covid-19, por lo que es necesario seguir haciendo esfuerzos para recuperar la actividad perdida.

A este respecto, lamenta la oposición del PSOE, la cual encuentra en una “clara deriva” hacia judicializar la vida política, “mirando con lupa y pidiendo cientos de expedientes para ver si encuentran una ventanita con la que meternos en un problema”. Afirma que hay un sector del PSOE “que siempre va en esa línea”, pero se muestra tranquilo porque el grupo de gobierno “no tiene nada que ocultar”.

Matilde Zambudio “dando estopa”

Bermúdez destaca la solidez del grupo de gobierno y señala que no han hecho ninguna oferta a la concejal de Ciudadanos, Matillde Zambudio para que se incorpore a él porque es algo que ve “muy complicado”. Considera que Zambudio se ha caracterizado durante todo el mandato por “darle estopa al grupo de gobierno” y duda “mucho” que quiera estar en él.

El paso atrás con las plusvalías

El alcalde señala que con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto a las plusvalías, el municipio se arriesgaba a perder cinco millones de euros anuales. Para evitarlo, apunta que la solución que adoptó el Ministerio de Hacienda en 48 horas fue promulgar un real decreto que “a juicio de todos los habilitados, va a crear más problemas que la sentencia”. Esto es así porque dicho decreto va a generar multitud de reclamaciones y supone un sistema de cobro más complejo: “Ha sido un paso adelante en falso, porque genera un problema tremendo”. Entiende que es “muy dudoso” que puedan volver a ingresar este impuesto. 

No obstante, el Ayuntamiento cree poder contar en breve con los veinte millones de euros que supondría la venta del edificio embargado al empresario Antonio Plasencia, que está a punto de pasar a formar parte del patrimonio municipal una vez esté inscrito a nombre de la corporación. El Ayuntamiento planea venderlo “como mínimo” por los veinte millones que fijó el peritaje judicial y afirma tener ofertas del Gobierno canario y del Cabildo de Tenerife.