El primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria augura que el ministro cambiará de actitud cuando los empresarios turísticos "den un golpe en la mesa".
El primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, de Unidas Podemos, afirma que el debate de la inmigración no es sobre su número, sino “sobre derechos humanos”. Señala que el Estado no puede impedir el libre tránsito hacia otras regiones de España o hacia otros países y mantenerlos retenidos en las islas. Además, recuerda que si se hubiese continuado con una política activa de ayudas a los países emisores no tendríamos la actual magnitud. A esto añade la denuncia y el “chantaje inadmisible” por parte de Marruecos, “que mira hacia otro lado cuando es el país que más ayudas europeas recibe”.
Afrima que Canarias no es un pueblo xenófobo y considera que lo que ha existido es “mucha mentira, mucho bulo y gente que aprovecha la situación” ante los que el Estado “no ha reaccionado”. En su opinión, la política del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, “condena a Canarias” y considera que acabará rectificando cuando “los empresarios turísticos den un golpe en la mesa”, pues según Doreste, es a los únicos que atiende el ministro.
Cien millones en obras
Doreste, que es concejal de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria señala que se está tramitando a buen ritmo la partida de cien millones destinadas a reactivar el sector de la construcción. Indica que una parte ya está ejecutada, por valor de quince millones, otra parte, por valor de treinta, se está ejecutando, y el resto se sacará pronto a licitación.
Asegura que con estos fondos propios y conveniados con otras administraciones se pueden crear, o al menos mantener, más de 1800 puestos de trabajo en el sector. Afirma que aún pueden contar con algunos fondos más para inyectar a la economía.
En cuanto al sector de restauración, considera que la simplificación de tasas propuesta por el grupo de gobierno puede ser una ayuda, aunque se abre a estudiar otras medidas. Asimismo, alerta de los casos de abuso de los permisos temporales de terrazas y recuerda que no pueden invadir el paso libre de las personas: “No queremos llegar a una política de sanciones. Hay que ser un poco tolerantes”.
Precios de los contratos de arrendamiento
Asimismo, Doreste es partidario de fijar un mecanismo para limitar los precios de los alquileres. Señala que el precio del alquiler en la ciudad ha subido un 40% en un plazo de cinco años, “lo cual es una barbaridad, porque expulsa a los ciudadanos de la ciudad”. Señala que en países como Alemania o Francia ya se han hecho cargo del problema para evitar la especulación y conseguir que las ciudades sigan siendo de la gente que la habita, evitando la turistificación que sufren Málaga o Venecia. Lo que piden al gobierno central es una norma que permita armonizar esta medida en el conjunto del país.
Movilidad sostenible
Otro de los problemas que destaca Doreste es el de conseguir una movilidad sostenible en la ciudad, a través de unas políticas que aborden la cuestión de la importante cantidad de coches que entran en la ciudad cada día y que generan contaminación. Contempla el tren como una posible solución, aunque afirma desconocer los planes de movilidad insular sostenible. Le preocupa, no obstante, la conexión que pueda tener ese sistema con los núcleos poblacionales, “porque si no se seguirá usando el coche”.