➤ «El Cabildo de Gran Canaria está sosteniendo en solitario residencias, centros de día y ayuda a domicilio porque en 2025 no hubo convenio con el Gobierno de Canarias» ➤ «No todas las altas hospitalarias pueden ir a un centro sociosanitario del Cabildo: cada caso hay que verlo de forma individual» ➤ «Hay familias que trabajan y aun así no pueden pagar una vivienda; eso desmonta el modelo de bienestar que conocíamos»
La consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, señala que la corporación insular está soportando en solitario el mantenimiento de residencias, centros de día y ayudas a domicilio porque «pasamos todo el año 2025 sin convenio de dependencia, ninguno de los siete cabildos», lo que obligó a financiar todos esos servicios «con la economía del Cabildo» ante la ausencia de aportación autonómica. «Si el Gobierno de Canarias no pone el dinero, o el Cabildo abre las residencias con sus propios recursos o no se abre ninguna», advierte, y recuerda que es el Ejecutivo autonómico «el que tiene la responsabilidad primera en materia social; los cabildos ayudamos, pero primero es el Gobierno».
Más plazas, pero sin apoyo de la Comunidad Autónoma
Mena explica que 2025 y 2026 son los años en los que van a abrir sus puertas las grandes infraestructuras sociosanitarias que el Cabildo ha construido: las dos de Tamaraceite, San Francisco de Paula, Taliarte y otros centros de menor tamaño en distintos municipios. «Solo esa red va a aportar más de mil plazas sociosanitarias nuevas a la isla», dice, a las que se suman los recursos creados junto al Tercer Sector, como los nuevos centros de Amnala, San Juan de Dios o Aprosu. El problema, apunta, es que el Gobierno de Canarias ya ha advertido de que «no habrá ninguna nueva plaza sociosanitaria en 2026» dentro del convenio, lo que «obliga a los cabildos a abrir a costa del propio cabildo o a no abrir». Por eso insiste en que no se trata de una pelea política, sino de recursos: «Estoy convencida de que no ponen el dinero porque no lo tienen, pero las necesidades están ahí».
Las altas hospitalarias no son un bloque único
Sobre la queja del Gobierno canario acerca de personas dadas de alta en los hospitales que no pueden volver a casa y ocupan camas sanitarias, Mena matiza que «no se puede pensar que todas esas personas van a acabar en el centro sociosanitario del Cabildo». Sostiene que cada alta es distinta: «Una cosa es una urgencia social —alguien sin red familiar, sin ascensor, sin ingresos— y otra muy distinta es quien sí tiene familia o una buena pensión». En este segundo caso, añade, «hay que buscar una solución individualizada», porque el recurso público debe priorizar a quienes no tienen ninguna otra opción. «Lo que toca es crecer en plazas y hacerlo juntas todas las administraciones, no lanzar un mensaje de impotencia», afirma.
Emergencia habitacional que ya afecta a familias con ingresos
La consejera aprovecha para vincular la presión sobre los recursos sociales con el alza del precio de la vivienda. Recuerda el caso de la familia con seis menores pendiente de desahucio pese a ingresar 1.800 euros entre los dos progenitores y subraya que «ya estamos viendo casos inconcebibles: gente que trabaja y no puede acceder a una casa». «Eso desmonta el relato tradicional de que con un empleo y un salario vivías dignamente», señala. A su juicio, se trata de un problema «que ya no es solo social, es general», porque si la vivienda se convierte en un bien inaccesible «cae la pieza central del Estado del bienestar».
Un sistema que necesita repensarse
Mena lamenta que, ante esta realidad, una parte de la población joven se esté refugiando en discursos de extrema derecha «sin escuchar cuál es su programa real», cuando lo que falla es el modelo de bienestar construido desde la posguerra: educación pública, sanidad pública, becas y protección social. «Si cae la vivienda, cae todo ese sistema», resume, y pide «repensar la sociedad que hemos creado» porque las recetas de hace diez o quince años ya no sirven para frenar la exclusión. «Ahora mismo los límites de la exclusión no están claros; hay trabajadores que están fuera del mercado de vivienda y eso es un fracaso del sistema», concluye.