➤ «La edad sigue siendo un factor de exclusión laboral en el mercado español» ➤ «Los estereotipos que cuestionan la veracidad de las mujeres aún laten en los tribunales» ➤ «La revictimización en los juicios debe evitarse: es violencia institucional»
La magistrada Gloria Poyatos es la primera mujer en presidir la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Un hito que, según subraya, ha tardado demasiado en llegar. «No había precedentes. Incluir una mirada femenina en los órganos gubernativos de la judicatura es un avance democrático y de diversidad», afirma. El acceso al cargo se ha producido mediante concurso de méritos y un proceso «absolutamente transparente», del que destaca la publicación de entrevistas y currículums de todos los candidatos.
La magistrada reivindica el valor simbólico de su nombramiento, no solo como un logro individual, sino como señal de cambio institucional. «Las mujeres aportamos una experiencia propia que durante siglos ha estado ausente de los espacios de decisión», reflexiona.
El mercado penaliza la experiencia y encarece la vulnerabilidad laboral
Desde su posición en la jurisdicción social, Poyatos observa con preocupación cómo la edad sigue siendo una barrera insalvable para muchas personas desempleadas. «Llevo en el Derecho laboral desde los años 90, y siempre ha existido esa discriminación hacia mayores de 50. Se trata de un colectivo especialmente vulnerable que requiere protección activa», explica.
Según apunta, la lógica empresarial continúa premiando la flexibilidad, la manejabilidad y el bajo coste salarial. «Las empresas tienden a preferir perfiles dúctiles y con sueldos más bajos. Quien tiene experiencia y antigüedad, resulta más caro y menos atractivo para la contratación», lamenta. Esta dinámica cronifica el desempleo en personas con un alto grado de capacitación, lo que representa una pérdida de talento estructural para el sistema productivo.
Baja laboral, estigmas y el conflicto con la salud mental
En relación a las quejas empresariales por el aumento de bajas médicas —especialmente entre jóvenes— Poyatos advierte contra la frivolización del problema. «No se pueden emitir juicios generalistas sobre la supuesta falsedad de las bajas laborales. Cada caso requiere análisis individual y garantía de derechos», sostiene. Para la magistrada, detrás de esas afirmaciones suele haber una deslegitimación de dolencias relacionadas con la salud mental o el estrés laboral, particularmente en sectores precarizados.
Además, recuerda que el sistema judicial no se basa en fórmulas matemáticas. «La justicia no es una ciencia exacta. Hay múltiples criterios jurídicos en juego», señala al reflexionar sobre sentencias polémicas o debatidas socialmente.
Violencia institucional y revictimización: la otra deuda del sistema
En su intervención, Poyatos insiste en que la administración de justicia tiene el deber de proteger a las víctimas durante todo el proceso. «La revictimización es una forma de violencia institucional, y puede generar responsabilidad del Estado si no se previene adecuadamente», advierte.
Entre las medidas que defiende, destaca la toma única de declaración para evitar la reiteración de relatos traumáticos, así como la regulación estricta de preguntas innecesarias durante los juicios. «Cada vez que una víctima debe revivir los hechos sin una razón jurídica sólida, se le inflige un daño psíquico injustificable», argumenta.
En casos de violencia sexual, la jueza considera clave avanzar en una interpretación del Derecho que evite reproducir estereotipos. «Todavía existe el prejuicio de que las mujeres mienten más que los hombres. Es un estigma que ha atravesado históricamente todas las legislaciones, incluso en países donde esa inferioridad moral se traduce en normas escritas», denuncia.
Concursos con perspectiva: estabilizar la precariedad judicial
Poyatos también aborda el problema de los jueces y juezas sustitutos que ejercen durante años sin obtener plaza fija. «Sus sentencias tienen plena validez, pero el sistema no les reconoce su derecho a consolidar», afirma. Propone convocatorias de concurso que valoren la experiencia acumulada en esos puestos. «No se trata de regalar nada, sino de establecer criterios justos que reconozcan el servicio prestado», sostiene.
Feminismo, escándalos públicos y la responsabilidad institucional
Interpelada sobre si determinadas figuras políticas han dañado la imagen del feminismo, responde que el problema trasciende al movimiento. «Cuando personas con poder social exhiben actitudes machistas, el daño no lo sufre solo el feminismo, sino todas las mujeres. La imagen que transmiten contribuye a la devaluación colectiva», asegura.
Desde su nueva responsabilidad, Poyatos reafirma su compromiso con una justicia sensible al contexto social, feminista y garantista. «La diversidad en los órganos judiciales no es solo una cuestión de paridad: es una necesidad democrática», concluye.