El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna alerta del riesgo de una elevada abstención como la registrada en Canarias.
Gerardo Pérez Sánchez afirma la evidencia de que la reforma electoral canaria no ha eliminado los problemas de representatividad y proporcionalidad, ya que era una reforma "modesta y limitada" porque los partidos "no quisieron llegar a más". Por tanto, dice, los resultados han sido igualmente "modestos y limitados" como, a su juicio, lo demuestra el hecho de que la Agrupación Socialista Gomera haya sacado los mismos tres diputados con con mil votos más que en la elección anterior, cuando PACMA, con 10.000 votos, no obtuvo ninguno. Sin embargo, señala que "se ha abierto un camino y se han derribado unas fronteras que nos han impedido avanzar durante 37 años".
Considera que hay dos formas de solucionar el problema de la proporcionalidad: restar diputados a islas sobrerrepresentadas o aumentar "mucho" el número de escaños. No se ha querido optar por ninguna de las dos, pero recuerda que el actual Estatuto "impone seguir avanzando". Así, en un plazo de tres años se tiene que aprobar una nueva ley electoral y entonces "hay margen para distribuir los escaños de forma diferente, que hasta ahora ha sido un tema tabú". No cree que haya que subir el número de diputados, pues "se puede hacer incluso restando".
Crisis por abstención
Pérez Sánchez afirma que en una democracia, si la mitad de los votantes decide quedarse en casa implica que esa democracia "tiene un problema": "Que la ciudadanía tenga hartazgo del sistema democrático no ayuda a consolidarlo". Recuerda que no es cierto que la democracia vaya a seguir "ahí" si no se la apuntala: "Tenemos un problema estructural de democracia. Hay que estudiar por qué ese electorado no va a votar".
Sobre la señalización de líneas rojas en las negociaciones, afirma que puede entender las diferencias ideológicas, "pero ese tipo de barreras no son buenas en democracia". Asimismo, se muestra reacio a los pactos en cascada pues cada administración tiene autonomía "y debe velar por sus intereses". Por tanto, "no tienen porqué verse arrastrados por otras negociaciones en otras administraciones".
Sobre la lista regional, defiende que el candidato a la presidencia debe ir en ella, pero reconoce que esa imposición puede tener problemas legales, "porque establecería diputados de segunda y de primera". Otra cosa, señala, es el "compromiso político que se quiera adoptar".