El escritor, investigador, sindicalista y presidente de la Asociación de Familiares de Fusilados de San Lorenzo considera que las secuelas psicológicas de la represión franquista constituyen «un trauma transgeneracional»
Francisco González Tejera, escritor, investigador, sindicalista y presidente de la Asociación de Familiares de Fusilados de San Lorenzo, repasa en El Espejo Canario una historia familiar marcada por el asesinato de su abuelo y la muerte de un tío de cuatro meses a manos de falangistas. Su testimonio forma parte del programa especial por los 50 años del fin del franquismo, una conmemoración que contrasta con la persistencia —denuncia— de miles de cuerpos todavía sin exhumar. «Han tenido tiempo de sobra para abrir todas las fosas, y aún hoy yacen más de 120.000 personas sin identificar», afirma.
Una biografía familiar atravesada por la violencia
González explica que su abuelo, el sindicalista Francisco González Santana, fue ejecutado en marzo de 1937 tras un Consejo de Guerra Sumarísimo. Pero antes de ese fusilamiento, la familia sufrió otro golpe devastador: el asesinato del pequeño Braulio, de cuatro meses, durante un registro en la vivienda familiar. «Uno de los falangistas, enfurecido porque el bebé lloraba, lo lanzó contra la pared», relata. El impacto le fracturó el cráneo y murió al día siguiente. El crimen obligó al abuelo a entregarse: «Estaba evadido, pero al enterarse se presentó de inmediato».
En ese mismo periodo, otros familiares fueron encarcelados o sometidos a torturas. Destaca el caso de Antonia González, vicesecretaria del Ayuntamiento de San Lorenzo, «violada en masa» por grupos falangistas y cuya hermana terminó internada de por vida en un psiquiátrico. «Son historias brutales, pero documentadas», subraya González, cuyo trabajo se ha centrado en recopilar testimonios directos desde los años noventa.
El trauma transgeneracional: «El miedo se te mete en el cuerpo para siempre»
González sostiene que las secuelas psicológicas de la represión franquista siguen vivas en las siguientes generaciones. «Podemos hablar claramente de trauma transgeneracional», apunta, recordando que autores como Nicolás Marín o Sebastián Faber han tratado el mismo fenómeno. Él mismo reconoce que ha necesitado apoyo terapéutico a lo largo de su vida: «Muchas de las inseguridades y miedos vienen de ahí: del silencio, del sobresalto, del timbre que suena sin saber quién viene».
El investigador recuerda cómo, siendo niño, percibía el miedo en casa sin que nadie se lo explicara. Fueron sus abuelos —especialmente el paterno, que sobrevivió a 12 años de cárcel— quienes le revelaron la historia familiar. «Mi abuelo me abrió los ojos. Veíamos películas juntos y de ahí pasábamos a hablar de la represión, de nombres, de testimonios». A partir de esas conversaciones nació una trayectoria de siete libros sobre la represión en Gran Canaria. «No soy historiador; soy un familiar que escribe», insiste, agradeciendo la confianza de quienes compartieron sus vivencias para romper el silencio heredado.
San Lorenzo: un municipio borrado por razones políticas y económicas
El autor del recién publicado Los barrancos del silencio describe a San Lorenzo como un municipio que sufrió una represión especialmente intensa por razones políticas y económicas. Recuerda que la localidad tenía un fuerte movimiento obrero desde los años veinte y un ayuntamiento de izquierdas que promovía alfabetización, asesoramiento laboral y mejoras sociales. «Eso no lo podían tolerar», explica.
Por otro lado, Las Palmas de Gran Canaria aspiraba desde los años treinta a expandirse hacia Guanarteme y Tamaraceite, algo a lo que San Lorenzo se oponía. «La anexión fue una operación política y urbanística, firmada con una pistola sobre la mesa», asegura. Tras el golpe, el alcalde legítimo fue fusilado y el municipio quedó disuelto en 1937. Hoy, afirma, una hipotética segregación es «imposible»: la demografía ha cambiado y el antiguo territorio municipal está completamente integrado en la ciudad. Aun así, González defiende que la memoria de aquel municipio borrado «sigue sin ser suficientemente reconocida».
España ante su deuda histórica: “La transición fue una humillación para las víctimas”
González es tajante al analizar el proceso de transición democrática: «Fue un error. Había que haber roto con el régimen». Considera que la Ley de Amnistía impidió juzgar crímenes del franquismo y consolidó un pacto de silencio que todavía condiciona la política actual. Aunque valora las leyes de memoria democrática, sostiene que siguen siendo insuficientes: «Todo está atravesado por intereses políticos. Si no se puede juzgar al franquismo, no avanzamos».
Denuncia además la falta de voluntad institucional para abrir fosas comunes: «Es una vergüenza que en 2025 siga habiendo 120.000 personas en cunetas». Y critica la permisividad hacia grupos de extrema derecha que exhiben simbología franquista en actos públicos. «Se está permitiendo que el fascismo campe a sus anchas. En cambio, cualquier protesta obrera recibe palos y multas», afirma, lamentando que «la democracia no sea igual para todos».
Temor al auge de la ultraderecha: “Esto pinta muy mal”
Ante el avance de Vox y la normalización del discurso extremista, González reconoce estar preocupado por el futuro: «Estoy preparado, pero apenado». Ha recibido amenazas en redes sociales y sabe que, si la ultraderecha logra mayor poder institucional, «iría a por ellos». Sin embargo, asegura que seguirá defendiendo la memoria y contando la verdad a sus hijos, de 14 y 20 años: «Tienen derecho a saber de dónde venimos».
Cierra con un mensaje que resume el espíritu de su trabajo: «Aquí estamos porque nuestros abuelos fueron asesinados. La memoria no es una opción, es una responsabilidad».