El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias señala que negocian con el Gobierno canario los medios por los que los que ya están en la administración canaria tengan algún tipo de preferencia.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias, Fran Bautista, considera que existen mecanismos para facilitar que el personal que ya presta sus servicios en la administración pública canaria pueda acogerse al proceso de estabilización con garantías de conservar el puesto. No obstante, recuerda que, por mandato constitucional, la estabilización “no puede tener nombre y apellido”, pues cualquier persona de la Unión Europea se puede presentar al concurso de méritos.
Alta interinidad en la administración
Recuerda que todo el proceso obedece al mandato del Tribunal Europeo de Justicia de que se tiene que corregir la situación de alta interinidad en la administración y que se tienen que tomar medidas para que no vuelva a producirse. Bautista señala que ya se ha dado respuesta con el denominado “decretazo” del entonces ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, con la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público y con la aprobación de la Ley 20/2021: “Lo que no podemos es modificar la Constitución Española”.
“Quien hizo la ley, hizo la trampa”
No obstante, indica que “quien hizo la ley, hizo la trampa”, y, así, la Ley 20/2021 permite que las personas que ya están en las plazas tengan mayores opciones de quedarse con ellas por los servicios prestados, “con carácter excepcional y una sola vez”. Apunta que esto es lo que los sindicatos y las administraciones están negociando para encajar dentro del ordenamiento jurídico. En cualquier caso, no deja de mencionar que aún hay pendiente una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 20/2021 en un recurso presentado por Vox
Tres procesos distintos
Señala que se han establecido tres procesos distintos: la estabilización por concurso de méritos para las personas que lleven más de cinco años, el concurso oposición para los que llevan entre tres y cinco años, y las ofertas públicas de empleo que saquen las administraciones públicas, donde cualquier ciudadano podrá concurrir libremente.
Indica que es en el concurso de méritos donde se establecerá una puntuación que, en el 70% reconocerá los servicios prestados dentro de la administración y el resto será por la formación específica.