El portavoz en el CT considera que se ha perdido una oportunidad para recalificar el suelo minero de los barrancos de Güímar e iniciar su recuperación ambiental
“Mi recorrido en la política ha sido el mismo que hizo una parte de la izquierda canaria”, ha rememorado en la Entrevista del día de El Espejo Canario el portavoz de Podemos (P’s) en el Cabildo de Tenerife, Fernando Sabaté, para explicar su aterrizaje en la formación morada desde sus comienzos como activista estudiantil.
El, hoy en día, también doctor en Geografía, autor de diferentes publicaciones sobre política u ordenación del territorio, investigador y profesor en la Universidad de La Laguna (ULL) entre otros desarrollos profesionales, ostenta en la corporación insular también el cargo de consejero por P’s, aunque también es militante de Sí se Puede (SSP) y miembro de su coordinadora insular.
Sabaté, en una situación de doble militancia similar a la que se encuentran los dos consejeros morados del Cabildo de Gran Canaria en trámite de expulsión por este motivo y por indisciplina, Miguel Ángel Rodríguez y María Nebot, acusados por la dirección de transfuguismo, considera “personalmente difícil considerarlos tránsfugas”, y entiende que son “consejeros no adscritos” por “estar fuera de la militancia de la formación por la que fueron elegidos” en elecciones.
“Yo creo que, en general, P’s está haciendo muy buen trabajo en Canarias, pero se ve empañado por estas luchas intestinas con el que damos un espectáculo lamentable”, puntualizó el portavoz insular, y confía en superarlas “desde la confluencia” para no llevar “al desánimo” a los ciudadanos que respaldaron su propuesta con su voto. De cumplirse estas expectativas internas, aspira a “gobernar Canarias y las principales instituciones” a partir de las próximas elecciones locales de 2019.
Podemos, los medios y el paisaje
“A la gente que estamos en P’s se nos aplica el telescopio y el microscopio electrónico”, señaló el portavoz morado para evaluar que el hecho de que Ramón Espinar, compañero de formación en el Congreso de los Diputados, fuera en el día de ayer noticia de portadas por haber sido fotografiado con dos coca-colas en su bandeja de almuerzo en el mismo día que pedían el boicot a la compañía por su política de despidos y reducción de personal en España, pero también un día en el que se sucedían las noticias sobre dimisiones y corrupción. “Si Espinar fuera de otro partido político ni habría sido noticia”, dijo, “aunque también es verdad que hay muchas esperanzas puestas en nosotros y estas cosas forman parte del paisaje”.
Güímar
Fernando Sabaté, que reside en Güímar, municipio objeto de atención ciudadana y mediática en los últimos días por el rechazo parlamentario a la proposición de ley presentada por el Cabildo de Tenerife para ordenar los barrancos donde se producían extracciones mineras ilegales con consecuencias de grave deterioro medioambiental, afirma conocer el asunto “de cerca porque llevo diez años vinculado a la Asociación Saturnino García para la Defensa de los Barrancos de Güímar”, donde “se concentra el mayor depósito de sedimentos” de la isla capitalina y de donde ha salido “el 80% de todos los áridos, materia prima de la industria de la construcción” de los últimos 40 años.
“La gestión tan desastrosa” de esas extracciones “ha dado como resultado” un espacio en el que “parece que hubiera caído un meteorito”, prosiguió, “además de graves problemas de salud a la ciudadanía” que la “consejería de Sanidad llegó a reconocer”. Del mismo modo, denunció que “se coaccionó a los agricultores” en aplicación de “una Ley de Minas del siglo XIX” que contempla el suelo como minero, de interés estatal superior al agrícola.
“El cierre de las cuatro grandes areneras” por irregularidades administrativas, incumplimiento de las leyes y delitos ecológicos, no ha resuelto el problema porque “el ámbito en el que se encontraban sigue siendo suelo minero”, recordó Sabaté, por lo que “en cualquier momento se podría reactivar la extracción” debido a la reactivación del sector constructivo. El objetivo de los vecinos de Güímar es lograr que deje de ser suelo minero, logrando que “el Ayuntamiento y el Cabildo” se pronunciaran en este sentido. Sin embargo, una vez aprobada “la voluntad de provocar estos cambios, nadie se atrevía a dar el primer paso” por el miedo a “la eventualidad” de tener que indemnizar a las empresas extractoras. La iniciativa legislativa del Cabildo fue una vía alternativa que se propuso con la intención de atenuar dichas indemnizaciones, aseguró Sabaté, que tendría que asumir el Gobierno de Canarias aunque “sólo en parte” por varias razones que detalló.
“Por desgracia, en el Parlamento de Canarias se escenificó el martes pasado una censura rotunda al Cabildo de Tenerife”, lamentó, a la que se sumó su propia formación “porque los compañeros se han dejado llevar por esa campaña mediática muy intensa” de los últimos meses “que ha funcionado muy bien”, aclarando que la intención “era todo lo contrario a beneficiar a los propietarios de las grandes compañías extractoras”. A pesar de que “nos sentamos a hablar para contrapesar la campaña”, no ha habido tiempo para que los miembros de Podemos que votaron en contra en el Parlamento, “no dudo de que con toda la buena fe”, se convencieran de las bondades de la iniciativa legislativa, que se ha llegado a conocer como la ‘Ley Plasencia’ por el apellido del principal extractor condenado a restaurar el destrozo ambiental provocado en sus cuadrículas mineras y que sería, paradójicamente, uno de los beneficiarios de las indemnizaciones a sufragar por los ciudadanos canarios. El portavoz de P’s se mostró convencido de que “el martes perdimos la oportunidad de iniciar el camino para que, de una vez, se recalificara el suelo minero y se ahuyentara el padecimiento que se ha causado a la población de Güímar”.
Gestión pública y prioridades financieras
“No se nos puede acusar de criticar las empresas públicas, pero exigimos la buena gestión pública”, aseveró Fernando Sabaté en relación a las denuncias vertidas por su formación hacia “la sobredimensionada intervención de las Administraciones” como en el caso de la financiación, por parte del Cabildo, de las obras del túnel de Erjos que permitiría cerrar el anillo insular, que “no consideramos prioritario”. Por el contrario, citó las deficiencias en materia sociosanitaria que sí requerirían la intervención financiera de la institución insular por tener competencias sobre ella, a diferencia que sobre carreteras.
El portavoz morado criticó igualmente la falta de transparencia que se da en la corporación y las dificultades que encuentran para acceder a la información sobre asuntos que sí consideran de máxima prioridad.