➤ «El llamado decreto Canarias es en realidad el decreto Clavijo, porque mezcla competencias autonómicas y busca confrontar» ➤ «En dependencia se maquillan cifras: hay más de 17.000 personas con derecho reconocido que no pueden acceder a un servicio» ➤ «Somos un partido feminista y, ante cualquier denuncia de acoso, damos la cara y activamos protocolos»
La vicesecretaria del PSOE en Canarias y portavoz adjunta en el Parlamento autonómico, Elena Máñez, sostiene que el Ejecutivo regional «está más centrado en generar conflicto con el Gobierno de España que en resolver los problemas reales de la gente». En una entrevista en El Espejo Canario, repasa la actualidad política, la financiación autonómica, vivienda, igualdad y dependencia, y defiende que el Partido Socialista ejerce «una oposición responsable, pero firme» frente a lo que considera una gestión «inepta y sin planificación».
Feminismo y tolerancia cero ante el acoso
Máñez se declara «muy feminista» y reivindica la actuación del PSOE ante casos de acoso sexual en la política. Asegura que su organización «pone en marcha comisiones externas y protocolos para proteger a las mujeres incluso con denuncias anónimas», porque entiende «la complejidad y el miedo que muchas veces existe»: «Si hay que mejorar el protocolo para dar más seguridad a las mujeres, lo vamos a hacer».
Subraya que, frente a otras formaciones que «niegan o tapan», el PSOE «da explicaciones, pide perdón si algo falla y toma medidas». A su juicio, esa diferencia «marca una línea ética clara» en la política española.
Elecciones y proyecto progresista
Preguntada por el contexto electoral nacional, Máñez insiste en que el PSOE «siempre trabaja para ganar», pero no por una cuestión de poder, sino «para seguir transformando la sociedad en clave de igualdad y derechos».
Afirma que el bloqueo del Partido Popular y su alianza con Vox «recorta derechos y frena avances», aunque recalca que «la encuesta definitiva es la que dicen los ciudadanos el día de las elecciones».
El “decreto Canarias” o “decreto Clavijo”
Uno de los puntos más críticos de la entrevista llega con el denominado decreto Canarias. Máñez lo rebautiza directamente: «Es el decreto Clavijo».
Explica que el PSOE firmó con Coalición Canaria una Agenda Canaria vinculada a la investidura de Pedro Sánchez, con medidas concretas para agilizar inversiones y compromisos del Estado. Sin embargo, sostiene que el presidente autonómico «empieza a mezclar asuntos que no estaban en ese pacto, muchos de ellos competencias exclusivas del propio Gobierno de Canarias».
Según denuncia, el Ejecutivo regional pide aportaciones a los grupos y luego rechaza las del PSOE. «Si pides diálogo y después dices que no aceptas ninguna propuesta, ¿dónde está el diálogo?», se pregunta.
Financiación y gestión económica
Máñez defiende que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa un nuevo modelo de financiación para todas las comunidades y recuerda que Canarias recibirá fondos adicionales de compensación. Pero centra el foco en la gestión autonómica: «Este gobierno ha dejado sin ejecutar más de 2.000 millones de euros».
A su juicio, antes de reclamar más recursos, el Ejecutivo debería «gestionar mejor los que ya tiene», y acusa a Coalición Canaria y al PP de priorizar «rebajas fiscales para quienes más tienen en lugar de fortalecer el Estado del bienestar».
Vivienda y alquileres disparados
La dirigente socialista considera «dramática» la situación del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria, donde muchas familias destinan más del 40 % de sus ingresos a la vivienda.
Critica que el Gobierno regional se niegue a aplicar la ley estatal de vivienda para declarar zonas tensionadas: «Tienen un instrumento legal para bajar precios y no quieren aplicarlo por cuestiones políticas».
Asegura que esa medida ya está funcionando en otros territorios y permitiría «aliviar la presión que sufren miles de hogares».
Dependencia: cifras que “maquillan la realidad”
Máñez se muestra especialmente contundente con la política de dependencia. Aunque reconoce que el Ejecutivo presenta datos de más resoluciones y más personas con Programa Individual de Atención (PIA), afirma que detrás de esas cifras «hay una realidad que se oculta»: «Más de 17.000 personas tienen reconocido el derecho, pero no pueden acceder a ningún servicio».
Denuncia que el sistema se está convirtiendo en un modelo «low cost», basado mayoritariamente en prestaciones económicas, sin plazas suficientes en centros de día o residencias. «Se entrega un papel, pero no hay recursos reales», sostiene.
Recuerda que durante el anterior gobierno del Pacto de las Flores «por primera vez Canarias aprobó en el índice estatal de servicios sociales» y se incrementaron las prestaciones. Ahora, dice, «se ha aprobado un decreto sin consenso, recurrido por colegios profesionales, que precariza el sistema».
Oposición “proactiva”
Pese a las críticas, Máñez insiste en que el PSOE ofrece acuerdos amplios en materias estratégicas: «Hemos propuesto pactos contra la pobreza, por la productividad o por los servicios sociales, pero este gobierno no quiere consensos».
Con tono apasionado, concluye que la política «debe servir para mejorar la vida de la gente» y que, si no se actúa con convicción, «lo mejor es irse a casa».