El secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias, José Ángel Hernández, sostiene que la movilidad es clave para toda la economía y avisa de que electrificar el transporte público en Canarias costaría unos 8.000 millones.
El secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias, José Ángel Hernández, afirma que la movilidad es una actividad transversal que afecta al conjunto de la sociedad y a todos los sectores productivos, porque la industria, el comercio y los servicios dependen del traslado de personas y mercancías. Señala que el concepto ya no se limita al desplazamiento físico, sino que incorpora también la «no movilidad», es decir, medidas que permiten acercar servicios al ciudadano para evitar traslados innecesarios.
Hernández conoce el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias y explica que la federación participa en la Mesa del Transporte, por lo que ha intervenido en las distintas fases de trabajo. Confía en que el trámite parlamentario no derive en una discusión política «farragosa» y que la norma pueda fijar principios generales para orientar futuras regulaciones. Advierte, no obstante, de que si la ley no avanza con claridad entre septiembre y diciembre, su aprobación antes del final de la legislatura será más complicada.
El representante empresarial subraya que el transporte de mercancías afronta en Canarias una dificultad añadida por la combinación de insularidad terrestre y marítima. Recuerda que el 95% de las cargas entre islas se transporta por vía marítima, de modo que cualquier transición energética afecta tanto a barcos como a camiones. A su juicio, el reto no puede abordarse con «cábalas filosofales», sino con números reales y plazos asumibles.
Electrificación, costes y digitalización
Hernández sostiene que Canarias no cuenta ahora con la capacidad eléctrica ni con los puntos de recarga necesarios para electrificar de forma rápida el transporte profesional. Afirma que el archipiélago tiene unos 14.000 camiones de servicio público y resume el problema con una pregunta: «¿Cuánto tiempo vamos a tardar en tener puntos eléctricos para 14.000 camiones?». Calcula que electrificar el transporte público canario —camiones, guaguas, taxis, ambulancias y otros vehículos de servicio público— costaría unos 8.000 millones de euros solo en vehículos, sin incluir la infraestructura de recarga.
El secretario general de FET defiende una transición gradual, con pequeños pasos, antes que esperar a una electrificación total que considera lejana. Propone incorporar vehículos diésel Euro 6 de última generación, que contaminan mucho menos que parte de la flota actual, mientras se crean las condiciones para avanzar hacia tecnologías eléctricas. También advierte de que la sostenibilidad encarecerá los productos y servicios, porque pasar de vehículos de 125.000 euros a otros de 200.000 implica costes que alguien tendrá que asumir: «El querer una sociedad sostenible al mismo precio que la no sostenible es inviable».
Hernández señala otro desafío relevante: la digitalización. Asegura que Canarias es la única comunidad autónoma que no cuenta con un sistema informatizado de gestión del transporte similar al del resto de España, lo que dificulta conocer y coordinar datos sobre camiones, guaguas, rutas y operadores. Advierte de que un real decreto obligará desde el 5 de octubre a que los transportistas tengan su documentación digitalizada mediante códigos QR, y considera que Canarias debe incorporarse cuanto antes a ese proceso para no perder competitividad.