Canarias espera que el Gobierno central recupere el convenio de infraestructuras educativas

Soledad Monzón, consejera de Educación y Universidades del ejecutivo canario, confirma que han llegado los 42 millones de este año, pero lamenta que no haya compromiso para las próximas anualidades.

El convenio de infraestructuras educativas, acordado con el Gobierno de Mariano Rajoy para los años 2019-2025 se tenía que haber firmado en el año 2018, pero al Gobierno socialista no le consta que hubiera un compromiso plurianual, sino que solo reconoce un único pago de 42 millones de euros en el año 2018. Ese dinero ha llegado, afirma Soledad Monzón, pero quedan en el alero los 507 millones para 2019-2025.

El dinero de este convenio, recuerda Monzón, se destina a construir colegios y mejorar los existentes en términos de accesibilidad, techados de canchas, etc. El primer convenio se firmó hace más de quince años, con épocas en las que desapareció. El último convenio data del año 2011 y a partir de ahí el Gobierno de España decidió cancelarlo "unilateralmente". Desde entonces el Gobierno canario ha reivindicado su recuperación y, cuando en 2015 se comenzó a negociar la agenda canaria, se incluyó en el programa, permitiendo que en el año 2017 llegaran 10 millones de euros y el compromiso de firma del convenio a partir de 2018, en el que se presupuestaron los 42 millones de euros que ahora han llegado.

Sobre la posibilidad de retomar el compromiso del convenio plurianual hasta 2025, la consejera señala que para llegar a un acuerdo "hace falta comunicación, y la comunicación es cero". Reconoce que Canarias no hace falta para aprobar los presupuestos "y no hay interlocución". Por ese motivo, Coalición Canaria ha anunciado una enmienda a la totalidad del presupuesto general del Estado "si no se cumplen las partidas que tienen que venir".

Mantenimiento de los colegios

El mantenimiento de los colegios es particularmente problemático, porque en la educación infantil y primaria, el mantenimiento y vigilancia corresponden a los ayuntamientos, pero cada uno interpreta a su manera cuáles son sus obligaciones: "Hay ayuntamientos que no entran en competencias y se esfuerzan en mantener bien los colegios", pero otros argumentan reparos de sus interventores para acometer algunas obras. Monzón recuerda que los ayuntamientos reciben un dinero del Gobierno de Canarias para ese mantenimiento, y además la ley les permite usar el superávit para hacer colegio. Pero al Gobierno no se le permite usar los 598 millones del superávit para eso, "a pesar de eso hacemos obras de mantenimiento que no nos corresponden, aunque no podemos cubrir todas las que son necesarias".

Educación de cero a tres años

Sobre el retraso de la implementación de la educación de cero a tres años, Monzón recuerda que la Ley Orgánica de Educación no dice nada de la gratuidad de ese tipo de educación, por lo que cada comunidad autónoma lo ha implementado a su manera. Así, Canarias tiene una red pública de ayuntamientos y una red privada, pero que no cubre toda la demanda. Lo que pide Canarias es que el Estado regule esa etapa, "si es gratuita o no". La consejera señala que asumir desde una sola administración esa etapa es muy costoso, "pues incluye contratación de profesores y habilitación de centros".