➤ «Los profesionales sanitarios de Canarias cobran, en general, por encima de la media de las comunidades autónomas» ➤ «Me preocupa muchísimo que una empresa como Google tenga acceso a los datos de salud de todos los ciudadanos» ➤ «En Canarias tenemos 600 camas hospitalarias ocupadas por pacientes con el alta médica que no tienen quién los reciba»
La catedrática e investigadora en Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz González López-Valcárcel, advierte de que el crecimiento de los seguros médicos privados refleja las dificultades de acceso a la sanidad pública y plantea importantes problemas de equidad. En declaraciones a El Espejo Canario, analiza las diferencias salariales entre comunidades autónomas, el aumento del gasto sanitario, los riesgos de la inteligencia artificial y las deficiencias de la atención a la dependencia. También reclama una mayor coordinación entre los servicios sanitarios y sociales para responder al envejecimiento de la población.
La investigadora presenta los resultados de un estudio que compara las retribuciones de diez categorías profesionales sanitarias en las diecisiete comunidades autónomas. Según explica, Canarias se sitúa generalmente por encima de la media nacional, aunque existen excepciones, especialmente entre los médicos con dedicación exclusiva al sistema público. La razón es que el Servicio Canario de la Salud no establece diferencias retributivas entre quienes trabajan únicamente para la sanidad pública y quienes compatibilizan esa actividad con consultas privadas, mientras que otras comunidades sí incentivan la exclusividad.
Los salarios médicos y la competencia por el talento
González López-Valcárcel destaca que las retribuciones de los facultativos experimentan un crecimiento relativamente reducido a lo largo de su carrera. Según los perfiles analizados, un especialista con treinta años de experiencia percibe aproximadamente un tercio más que otro que acaba de terminar la residencia. La diferencia resulta especialmente llamativa frente a profesiones como la universitaria, donde las remuneraciones pueden llegar a triplicarse con la progresión profesional. Esta circunstancia, señala, contribuye a explicar que numerosos médicos decidan compatibilizar el ejercicio público y privado cuando aumentan sus responsabilidades familiares y económicas.
La economista considera que disponer de salarios competitivos es fundamental para atraer y retener profesionales, aunque rechaza la idea de que Canarias se encuentre necesariamente en desventaja respecto al resto de España. Recuerda que las diferencias territoriales han cambiado considerablemente durante las últimas décadas y que actualmente el archipiélago presenta una posición retributiva favorable en buena parte de las categorías estudiadas.
Los seguros privados y las desigualdades
La catedrática distingue entre producción, gestión y financiación privada de la asistencia sanitaria, conceptos que considera frecuentemente confundidos en el debate público. Explica que los conciertos mediante los cuales la sanidad pública deriva intervenciones a centros privados no constituyen una novedad ni están aumentando en España. Lo que sí crece es la contratación voluntaria de seguros médicos complementarios, especialmente a través de las empresas. Según los datos que maneja, existen ya cuatro millones de pólizas vinculadas al empleo, un mecanismo utilizado por numerosas compañías para atraer y conservar trabajadores.
En Canarias, este crecimiento también está relacionado con las demoras del sistema público. La investigadora considera preocupante que los ciudadanos recurran a seguros privados o paguen directamente pruebas diagnósticas para evitar esperas de varios meses. Advierte de que estas prácticas pueden generar desigualdades adicionales, porque quienes consiguen antes un diagnóstico por la vía privada pueden acceder en mejores condiciones a las siguientes fases de atención pública que quienes carecen de recursos para pagar esas pruebas.
Preguntada por los 454 millones de euros ingresados en primas de seguros de salud en Canarias durante 2025, una cifra que supone un crecimiento del 8,6 %, González López-Valcárcel considera que el fenómeno no debe provocar miedo, pero sí preocupación por sus causas. «Es un síntoma de que puede haber una infección», explica mediante una comparación médica. Recuerda que los seguros privados ofrecen principalmente consultas y pruebas de complejidad limitada y que no sustituyen la protección del sistema público ante enfermedades graves y tratamientos especialmente costosos.
Los riesgos de la inteligencia artificial
La investigadora expresa una preocupación especial por la aplicación de la inteligencia artificial a la atención sanitaria cuando implica transferir información sensible de los pacientes a grandes compañías tecnológicas. Como ejemplo menciona un proyecto impulsado en El Salvador, que describe como un contrato de 700 millones de dólares con Google para desarrollar un sistema de asistencia mediante algoritmos. Según expone, el modelo contempla mecanismos automatizados de clasificación de pacientes, consultas médicas a distancia y envío de medicamentos a domicilio.
González López-Valcárcel advierte de que el acceso empresarial a grandes cantidades de información sanitaria puede tener consecuencias sobre la privacidad, el empleo y los seguros. «A mí lo que a él le parece una maravilla, a mí me parece una distopía», afirma al contrastar su valoración con la del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Considera especialmente peligrosas las posibilidades de discriminación derivadas del conocimiento del estado de salud de la población y destaca que Europa dispone de una legislación particularmente protectora en esta materia.
Un gasto sanitario que exige evaluar resultados
La economista recuerda que entre 2014 y 2024 el gasto sanitario español aumentó un 56 %, frente a una inflación acumulada de algo más del 21 %. Reconoce que la sanidad absorberá previsiblemente una proporción creciente de recursos públicos, pero rechaza que ello conduzca inevitablemente al colapso del sistema. A su juicio, la cuestión fundamental consiste en evaluar cuánto se gasta y qué mejoras reales de salud se consiguen con esos recursos.
Defiende que las innovaciones sanitarias deben incorporarse atendiendo a su valor terapéutico y no simplemente porque existan nuevas posibilidades tecnológicas. Advierte de que la sanidad tiene capacidad para consumir cantidades prácticamente ilimitadas de financiación si no se establecen criterios rigurosos para seleccionar intervenciones y tratamientos. Por ello, considera indispensable vincular las decisiones presupuestarias a los resultados obtenidos en términos de salud.
La dependencia, uno de los grandes problemas pendientes
La catedrática identifica la atención a la dependencia como uno de los principales desafíos del Estado del bienestar español. Considera que el sistema nació con una financiación insuficiente, coincidiendo con la crisis económica de 2008, y que continúa arrastrando importantes deficiencias. En Canarias, señala, unas 600 camas hospitalarias permanecen ocupadas por pacientes que ya tienen el alta médica, pero no pueden abandonar el hospital porque carecen de recursos asistenciales o familiares adecuados para recibirlos.
Como alternativa, propone reforzar los cuidados intermedios y de larga duración, mejorar la coordinación sociosanitaria y desarrollar modelos residenciales de proximidad que permitan a las personas mayores continuar viviendo en sus comunidades. Defiende pequeñas unidades, viviendas tuteladas y recursos comunitarios frente a las grandes residencias alejadas del entorno habitual. Recuerda que España destina menos del 1 % de su producto interior bruto a la atención a la dependencia, una financiación que considera claramente insuficiente.
González López-Valcárcel también destaca la importancia de prevenir la dependencia mediante hábitos saludables desde edades tempranas. Valora especialmente los programas de prescripción de actividad física que comienzan a implantarse en centros de salud de Canarias, con ejercicio supervisado por profesionales especializados. Confía en que estas iniciativas permitan retrasar la pérdida de autonomía, mejorar la calidad de vida de los mayores y reducir a largo plazo las necesidades de cuidados y el gasto asociado.