El presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aboga por una nueva ley de gobernanza "que haga más eficiente a la universidad española".
Ángel Tristán Pimienta señala que la universidad pública española está enfrentando en estos momentos el desafío de la universidad privada, y en esa competencia la reputación es el elemento que hace decidir a los alumnos. Sin embargo, considera que hay universidades "que no le dan importancia a su reputación".
La universidad privada, afirma, ha llegado para quedarse y, aunque es probable que al principio se produzca "una burbuja", los "chiringuitos" van a ir desapareciendo, como lo demuestra el hecho de que en España ya haya muchas universidades privadas con prestigio. Esas universidades, señala Tristán Pimienta, no tienen los medios de la universidad pública, "pero no se puede dudar de que lo pueden hacer bien". Así, la Universidad Fernando Pessoa tiene ya 500 alumnos canarios matriculados, por lo que la universidad pública "ha de plantearse que tiene que competir con las privadas".
Para garantizar que en esta competición la universidad pública salga airosa, Tristán Pimienta considera necesaria una nueva ley de gobernanza "que haga más eficiente a la universidad española". Una ley que ha de estar en consonancia con el espacio universitario europeo, porque "no nos podemos mover sin mirar lo que están haciendo fuera y ha llegado el momento de que si queremos aprovecharnos del espacio universitario europeo, tendremos que fijarnos en los demás".
Control y responsabilidad
Tristán Pimienta señala que el Consejo Social desempeña un papel fundamental en el control económico, académico y social de la Universidad, desarrollando la labor de fiscalización a través de numerosas auditorías y encuestas. Así, recuerda que antes de asumir el cargo se realizaban unas 30 o 40 intervenciones fiscalizadores anuales, mientras que este año se han realizado unas 200 "con el mismo número de personas". Este incremento de la actividad obedece a las exigencias del Tribunal de Cuentas, que ha venido reiterando la necesidad de que se fiscalice en profundidad las actividades que desarrolla la universidad.
Así, Tristán Pimienta pone como ejemplo la necesidad de realizar el control horario del profesorado, "que no es una obsesión del consejo social, sino del Tribunal de Cuentas". Asegura que el profesorado no está mayoritariamente en contra de este control, aunque "a muchos les sienta mal que alguien los controle". Señala que es preciso mejorar la regulación de la autonomía universitaria, pues hay claustros que "tienen unas competencias que desbordan las competencias de otras universidades en Europa", lo que motiva que los rectores y decanos "estén muy limitados para ejercer el control".
A este respecto, afirma que en el ejercicio de su función se han producido "bastantes discrepancias" con el rector de la ULPGC fruto de que el rector "tiene compromisos con la comunidad que le ha elegido, pero a mi me eligió el Gobierno". Entiende que la relación del supervisor con el supervisado "nunca es fácil ni cómoda, pero para eso se inventó la educación y el protocolo, y tanto el rector como yo somos personas con educación y con protocolo".
Irregularidades en el Parque Científico
Fruto de la labor de fiscalización, el Consejo Social ha remitido a la fiscalía la documentación de dos irregularidades detectadas en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad. En las auditorías realizadas aparecieron irregularidades que podrían acarrear responsabilidades penales y "nada más leer eso apliqué el código civil y lo envié a la fiscalía". En ambos casos está implicada una vicerrectora que, en un caso, contrató cuatro viviendas a un familiar sin concurso ni publicidad, y en otro, realizó contratos un con una empresa en la que tenía intereses.