Expediente X

Pedro Llorca, presidente de la entidad y de la Federación Española de Bancos de Alimentos, pide a la ciudadanía que dedique al menos cuatro horas a colaborar en la campaña, que se celebra del 13 al 15 de noviembre.

David del Campo, director de Incidencia y Comunicación de Plan Internacional, reclama mayor transparencia y responsabilidad a las empresas tecnológicas tras detectar que ChatGPT ofrece respuestas diferentes a chicos y chicas ante preguntas idénticas sobre empleo, bienestar emocional y otras cuestiones personales.

La socióloga Esther Torrado advierte de que las redes de explotación están cambiando sus métodos de captación, incorporando a mujeres y niñas españolas, y reclama una ley estatal que permita combatir la trata y la demanda de prostitución.

Gabriel Suárez González, portavoz de CREUP, considera crítico el estado de las universidades públicas y destaca los avances del nuevo Estatuto del Estudiante Universitario.

El técnico del Servicio Canario de la Salud Carles Barres señala que la gonorrea y la clamidia muestran signos de estabilización, aunque siguen aumentando, y advierte de la especial incidencia de esta última entre los jóvenes de 15 a 25 años.

El representante de FAPA Galdós en el Consejo Escolar de Canarias, Sergio de la Fe Melián, critica que la norma refuerce la autoridad del profesorado sin incorporar medidas efectivas para mejorar la convivencia ni garantizar suficientemente los derechos del alumnado.

Su presidenta, Natalia Álvarez, defiende que el reconocimiento del profesorado debe acompañarse de medidas concretas, participación de las familias y un nuevo decreto de convivencia adaptado a los cambios sociales del archipiélago.

El presidente del sindicato, Pedro Crespo, valora positivamente la nueva Ley de Autoridad del Profesorado aprobada por el Parlamento de Canarias, pero advierte de que necesita un desarrollo normativo que garantice una protección efectiva a los docentes.

El responsable de políticas de protección social, empleo y vivienda de Oxfam España, Alejandro García-Gil, advierte de que el encarecimiento del alquiler está anulando la capacidad de los salarios para garantizar unas condiciones de vida dignas.

El acuerdo establece una jornada de 37,5 horas semanales, reconoce nuevas categorías profesionales y contempla salarios base superiores a los 22.000 euros anuales, aunque su aplicación en los servicios municipales dependerá de la renovación de las concesiones.