El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna señala que la reforma electoral se realizó para impulsar la política autonómica sobre la insular.
Pérez recuerda que no hay ninguna norma que obligue al candidato a la presidencia del Gobierno canario a encabezar la lista de la circunscripción regional, "pero desde el punto de vista político esta norma se implantó con el deseo de recuperar una política regional y superar los insularismos, por lo que políticamente es un error" aunque "legalmente no se pueda decir nada".
El profesor de Derecho Constitucional señala que las normas electorales no garantizan por sí mismo los mejores resultados, pues le corresponde a los votantes ejercer su derecho con "responsabilidad cívica" y tratar de elegir a los mejores representantes. A este respecto, destaca el error de votar esperando que un parlamento regional pueda derogar la ley de violencia de género, "cuando esa ley responde al Tratado Estambul que España ha firmado y que implica que ha de cumplirse porque es de rango superior a una ley. Por tanto, no se puede cambiar desde el Parlamento de Andalucía".
Considera necesario cambiar el sistema de reparto de escaño por el sistema D'Hont, "porque modula la proporcionalidad de una forma que va en contra de los principios constitucionales". Señala que el argumento para defender ese sistema es que la fragmentación no ayuda a formar gobierno, "pero los sistemas electorales no tienen la misión de ayudar a formar gobierno". Así, estima que el sistema D'Hont "tergiversa la proporcionalidad, por lo que hay que ir a sistemas que reflejen más fielmente el deseo de la ciudadanía".
Convenio de carreteras
Pérez señala que salvo que se incluya el requisito de que se ejecute toda la parte presupuestada, la administración central no puede cuestionar la transferencia de las cantidades acordadas en el convenio de carretera: "La administración hace interpretaciones en virtud de sus intereses, pero ésta no me parece acertada, aunque no es mi especialidad jurídica". Señala que tal vez habría que volver a acudir a los tribunales para reclamar las cantidades.
Sobre el papel desempeñado en España por el Tribunal Constitucional, Pérez señala que, aunque algunas de sus decisiones son "discutibles", cree que está "a la altura del resto de tribunales, salvo en los tiempos de respuesta". Recuerda que la ley del aborto está recurrida desde el año 2010, "y eso no tiene parangón en ningún país de nuestro entorno".