Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, lamenta que Clavijo afirme que buscarán otra fórmula para prohibirlo en zonas turísticas.
El Tribunal Supremo ha sentenciado la ilegalidad del decreto de alquiler vacacional de Canarias por prohibir la vivienda vacacional en zonas turísticas, lo que conculca el derecho a la libertad de empresa. Se trata de un decreto aprobado en el último momento de la legislatura de Paulino Rivero, cuyo artículo sobre las zonas turísticas ya fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Para Borrego se trata de una "muy buena noticia" que, sin embargo, el Gobierno canario "sabía de antemano", pues señala que antes de la aprobación del mismo, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia le advirtió que no se podía prohibir.
Esta sentencia, considera Borrego, marcará el futuro del actual borrador de decreto sobre el sector que estudia el Gobierno canario. Lamenta, a este respecto, las declaraciones del presidente canario, Fernando Clavijo, de que buscarán otra fórmula para limitar el alquiler vacacional en esas zonas.
Rechaza que el precio de los alquileres haya subido debido a esta modalidad turística: "Es innegable que han subido", dice, "pero se debe a que la demanda ha crecido brutalmente por la incapacidad de ahorro para comprar vivienda, al incremento poblacional sin construcción de vivienda nueva, a la cero planificación de vivienda social y a las 40.000 viviendas cerradas que no se están poniendo en el mercado".