PSOE y Sí Se Puede coinciden en destacar la opacidad de las adquisiciones del Gobierno canario y el Cabildo de Tenerife, mientras que la directora del IASS valora la idoneidad del edificio para uso sociosanitario.
José Ángel Martín, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, considera "un gran error" la adquisición de un edificio de oficinas por valor de 23 millones de euros para dedicarlo a uso sociosanitario. Señala que en el plan urbanístico su uso es el de oficinas, y no el sociosanitario, por lo que la explicación que tiene la compra es que el presidente del Cabildo de la isla, Carlos Alonso quiso "hacerle un favor a un amigo", en referencia al empresario Antonio Plasencia, condenado a pagar una indemnización por la extracción de áridos en Güímar.
De distinta opinión es Juana María Reyes, directora del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife, para la que el edificio es apropiado para el uso sociosanitario. Recuerda que el mismo está finalizado en su estructura exterior pero el interior no ha sido concluido, por lo que se puede adecuar a un nuevo uso. Afirma que la adquisición está respaldada por un informe técnico y una valoración sobre la posibilidad de adaptarlo al uso sanitario. Además, se hizo una consulta a la oficina de Urbanismo "para ver si eran compatibles los usos, aunque tienen que hacerse el proyecto de adaptación". Considera que es "perfectamente útil y válido" por su ubicación y por la red de transportes a sus alrededores.
Terreno junto al Hospital de La Candelaria
Por su parte, Annabel Espinosa, portavoz de la Coordinadora Insular de Sí se Puede en Tenerife, censura la compra por parte del Gobierno canario de un solar adjunto al Hospital de La Candelaria por valor de 5 millones de euros al mismo empresario. Considera que hay que investigar "el hecho oscuro de que en el momento en que Plasencia ha de pagar la condena es cuando las fuerzas políticas a las que siempre ha estado asociado salen a su rescate". Asegura que es "cuanto menos inquietante". Señala que el hecho de que las infraestructuras sean necesarias "no excluye que se investigue la forma en que se han adquirido".