Su presidenta, Natalia Álvarez, defiende que el reconocimiento del profesorado debe acompañarse de medidas concretas, participación de las familias y un nuevo decreto de convivencia adaptado a los cambios sociales del archipiélago.
La presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez, considera que la nueva Ley de Autoridad del Profesorado debe ir acompañada de recursos, formación continua y medidas específicas que permitan mejorar la convivencia en los centros educativos. En declaraciones a El Espejo Canario, explica que el organismo trasladó durante la tramitación parlamentaria un dictamen consensuado entre los 16 sectores socioeducativos que lo integran, en el que defendía el reconocimiento social de los docentes y la necesidad de proporcionarles herramientas para afrontar los conflictos.
Álvarez señala que las encuestas realizadas por la Agencia Canaria de Evaluación reflejan que los equipos directivos, aunque reconocen la existencia de tensiones en las relaciones con la comunidad educativa, reclaman fundamentalmente estrategias y recursos para responder a estas situaciones. Advierte de que muchos conflictos que terminan manifestándose en los centros tienen su origen fuera del ámbito escolar y considera necesario analizar si se concentran en determinadas zonas con mayores tensiones demográficas o problemas sociales.
Un nuevo decreto de convivencia y un observatorio
La presidenta del Consejo Escolar insiste en que la ley constituye un marco general que necesita desarrollarse mediante decretos y otras disposiciones. Considera especialmente importante la actualización del decreto de convivencia de 2011, que debe incorporar respuestas adaptadas a los cambios experimentados por la sociedad canaria. «Eso tiene que ir acompañado, que nosotros siempre lo hemos dicho, de formación y apoyo», afirma, y recuerda que la profesionalidad exigida al profesorado requiere una preparación continua y herramientas adecuadas.
Entre las propuestas formuladas por el Consejo destaca la creación de un observatorio que permita hacer seguimiento de la convivencia y evaluar la aplicación de las medidas. Álvarez explica que esta iniciativa fue aceptada y defiende que la participación de especialistas facilite conocer la evolución de los conflictos y comprobar si las disposiciones que desarrollen la ley producen mejoras reales.
Escuchar a las familias y al alumnado
Sobre las críticas de algunas asociaciones de familias a la presunción de veracidad del profesorado, Álvarez defiende la necesidad de escuchar a todos los sectores y alcanzar acuerdos que tengan un amplio respaldo de la comunidad educativa. Señala que las familias canarias muestran una importante implicación en la educación de sus hijos, pero participan menos en los órganos representativos debido, entre otros factores, a las trabas burocráticas y a la percepción de que son estructuras demasiado rígidas.
La presidenta destaca iniciativas como el proyecto Motor de Ciudadanía Activa, que reunió recientemente en El Garañón a 135 estudiantes de 41 centros de las siete islas para fomentar la participación del alumnado. Considera que mejorar la convivencia exige también inversión y coordinación entre administraciones, especialmente en una sociedad cada vez más diversa.
Álvarez advierte, finalmente, de que los efectos de una reforma educativa no pueden medirse de manera inmediata. «El impacto educativo es un impacto lento», recuerda, porque los cambios afectan a las personas y necesitan tiempo para consolidarse. Por ello, considera que el desarrollo normativo y el seguimiento de las medidas serán determinantes para valorar si la nueva ley consigue mejorar las relaciones dentro de los centros escolares.