El presidente del sindicato, Pedro Crespo, valora positivamente la nueva Ley de Autoridad del Profesorado aprobada por el Parlamento de Canarias, pero advierte de que necesita un desarrollo normativo que garantice una protección efectiva a los docentes.
El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, considera que la aprobación de la nueva Ley de Autoridad del Profesorado constituye un avance para mejorar la protección de los docentes, aunque reclama que sus disposiciones se traduzcan cuanto antes en medidas concretas. En declaraciones a El Espejo Canario, advierte de que el profesorado trabaja en un contexto de creciente desautorización y conflictividad en las aulas y los centros educativos, con situaciones que incluyen agresiones físicas, amenazas y episodios de acoso digital.
Crespo destaca que la norma reconoce aspectos importantes, como la protección de la integridad física y moral de los docentes, la atención psicológica y jurídica y la necesidad de reducir la carga burocrática. Sin embargo, considera insuficiente su concreción, especialmente en lo relativo a las agresiones a través de internet. «La ley suma, aunque es verdad que echamos de menos algo más de concreción», señala, y recuerda que el sindicato ya trasladó esta preocupación durante la tramitación parlamentaria.
El ciberacoso y la presunción de veracidad
Una de las principales preocupaciones del sindicato es la proliferación de perfiles anónimos en redes sociales utilizados para ridiculizar y humillar al profesorado. Crespo reclama una respuesta firme ante estas prácticas: «Lo que exigimos es que estas prácticas se persigan para que no queden impunes ni se sigan reproduciendo». Considera que la normativa debe establecer mecanismos eficaces para afrontar situaciones que comprometen la integridad moral de los profesionales.
Sobre la presunción de veracidad reconocida al profesorado en los procedimientos disciplinarios, el presidente de ANPE recuerda que la legislación educativa estatal ya contempla la consideración de autoridad pública de los docentes en el ejercicio de sus funciones. Insiste en que este reconocimiento no elimina los derechos del alumnado y las familias a presentar reclamaciones y recurrir decisiones. Explica que actualmente existen procedimientos mediante los cuales pueden revisarse calificaciones e incluso abrirse expedientes a los profesores cuando se cuestionan sus actuaciones.
Mejorar la relación entre familias y docentes
Crespo sostiene que la protección legal debe acompañarse de una mejora de las relaciones entre el profesorado y las familias. Recomienda recurrir al diálogo directo ante discrepancias sobre calificaciones, tareas escolares o decisiones educativas, en lugar de convertir los desacuerdos en enfrentamientos. Considera que una comunicación más fluida permitiría prevenir conflictos que, en los casos más graves, llegan a desembocar en agresiones físicas o situaciones de acoso.
El presidente de ANPE concluye que la nueva ley puede contribuir a que los docentes se sientan más respaldados, pero insiste en la necesidad de desarrollar sus disposiciones. También señala que la unidad de bienestar del profesorado impulsada por la Consejería de Educación se encuentra todavía en una fase incipiente y confía en que llegue a desempeñar una función efectiva de apoyo y protección.