El responsable de políticas de protección social, empleo y vivienda de Oxfam España, Alejandro García-Gil, advierte de que el encarecimiento del alquiler está anulando la capacidad de los salarios para garantizar unas condiciones de vida dignas.
El coste de la vivienda sitúa a 130.859 personas trabajadoras de Canarias por debajo del umbral de la pobreza, 26.332 más que antes de descontar estos gastos de sus ingresos. Así lo recoge el informe Cuando trabajar no es suficiente, de Oxfam Intermón, cuyos resultados analiza en El Espejo Canario Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social, empleo y vivienda de Oxfam España. El investigador sostiene que el crecimiento económico y del empleo no se está trasladando suficientemente a las condiciones de vida de una parte importante de la población.
García-Gil explica que el estudio utiliza una metodología que calcula la pobreza laboral después de descontar los gastos de vivienda de los ingresos familiares. Con este criterio, la tasa de pobreza laboral en España pasa del 11,48 % al 15,49 %, lo que incorpora a otras 770.000 personas a esta situación y eleva el total a cerca de tres millones. «Se ha roto ese pacto social que nos decía que si tú te esforzabas y te levantabas cada mañana para ir a trabajar, pues podrías llevar una vida digna», afirma.
Los inquilinos, los más perjudicados
En Canarias, el impacto resulta especialmente grave entre quienes viven de alquiler a precio de mercado. Su tasa de pobreza laboral aumenta del 16,21 % al 27,70 % después de pagar la vivienda, frente a una incidencia considerablemente menor entre quienes son propietarios. García-Gil relaciona esta situación con los salarios relativamente bajos de sectores como la hostelería, las dificultades para ampliar la oferta residencial en un territorio insular y la presión del alquiler turístico sobre el mercado de vivienda habitual.
El informe también identifica una mayor vulnerabilidad entre los trabajadores con contratos a tiempo parcial, especialmente cuando desean ampliar su jornada y no encuentran esa posibilidad, así como entre las empleadas del hogar, los trabajadores agrícolas temporeros y el personal de hostelería. García-Gil señala que la combinación de salarios bajos y jornadas insuficientes impide a muchas familias superar la pobreza incluso cuando alguno de sus miembros dispone de un empleo. Añade que aproximadamente uno de cada cinco trabajadores autónomos también se encuentra en esta situación.
Salarios más altos y un parque público de vivienda
Oxfam propone mantener las subidas del salario mínimo interprofesional y vincular legalmente su actualización al IPC, reforzar la negociación colectiva y establecer mecanismos que reduzcan la contratación a tiempo parcial involuntaria. En materia de vivienda, García-Gil defiende una mayor estabilidad de los contratos de alquiler y medidas que eviten incrementos desproporcionados de las rentas, junto con una ampliación sostenida del parque público residencial.
Para Canarias, considera especialmente importante recuperar viviendas destinadas al alquiler turístico para su utilización residencial y que las administraciones adquieran inmuebles ya construidos, dadas las limitaciones territoriales para levantar nuevas promociones. También reclama la aplicación de las medidas de regulación del alquiler previstas en la legislación estatal. Advierte de que la pobreza laboral no solo deteriora las condiciones de vida y las oportunidades de los menores, sino que reduce el consumo de las familias y perjudica al conjunto de la economía. «No se está trasladando la generación de riqueza que está generando ahora mismo España a una buena parte de la población», concluye.