Javier Marrero reclama que las nuevas medidas estatales sobre vivienda se acompañen de actuaciones inmediatas del Gobierno de Canarias y advierte de que solo en octubre hay una veintena de desahucios previstos en Gran Canaria.
El portavoz de Asamblea Vecinal Derecho al Techo, Javier Marrero, explica que la acampada iniciada frente a la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria busca presionar para que se convaliden los nuevos decretos estatales y, al mismo tiempo, exigir al Ejecutivo canario que actúe ante la emergencia habitacional.
Marrero señala que el colectivo ha remitido además un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que los juzgados tengan en cuenta las nuevas medidas ante procedimientos de desahucio. Sostiene que muchos de los casos que están recibiendo afectan a familias vulnerables y también a personas mayores que no pueden asumir las subidas del alquiler.
La presión sobre el Gobierno de Canarias
El portavoz considera que los decretos pueden servir para detener situaciones urgentes, pero insiste en que buena parte de la respuesta depende de las comunidades autónomas. Reclama que Canarias declare zonas tensionadas y active las herramientas que, según sostiene, ya tiene disponibles para intervenir sobre el mercado residencial.
Derecho al Techo pide también que se movilicen las viviendas cerradas del Archipiélago. Marrero cifra en cerca de 211.000 los inmuebles vacíos y defiende que se incorporen al uso residencial, además de impulsar el plan de vivienda y controlar los precios de los alquileres en las zonas con mayores dificultades de acceso.
Una demanda que alcanza a más población
Marrero sostiene que el problema de la vivienda ya no afecta únicamente a las personas con menos recursos. Cita el caso de jóvenes que estudian y trabajan y que, pese a disponer de ingresos, no pueden emanciparse ni siquiera alquilar una habitación. Frente a las 36.950 personas inscritas como demandantes de vivienda protegida, considera que la necesidad real es mucho mayor.
El portavoz lamenta que, hasta el momento, no se haya producido una interlocución directa con el Gobierno de Canarias. El colectivo espera mantener reuniones con el Ejecutivo y ha iniciado además acciones judiciales contra algunas de sus últimas decisiones en materia de vivienda.
Apoyo jurídico y acompañamiento
Derecho al Techo ofrece asesoramiento jurídico y acompañamiento a las personas que reciben una orden de desahucio. Marrero explica que ponen en contacto a afectados que atraviesan situaciones similares y cuentan con juristas que colaboran de manera altruista para estudiar cada caso y orientar sobre la defensa legal disponible.
El portavoz insiste además en que muchas situaciones permanecen ocultas porque quienes pierden su vivienda regresan a casa de familiares, se separan de sus parejas o buscan soluciones provisionales sin que llegue a producirse un desahucio visible. «Una de las primeras acciones es visibilizarlo», afirma.
La continuidad de la acampada se decidirá en asamblea. Marrero señala que inicialmente estaba previsto mantenerla hasta la votación de los decretos, aunque no descarta prolongarla para aumentar la presión sobre el Gobierno de Canarias y reclamar una respuesta directa a las demandas del colectivo.