➤ «Las obras no se construyen con ladrillos, se construyen con dinero» ➤ «Esto no es un problema de ingenieros, de contratistas, de materiales. Esto es un problema de gestión contractual» ➤ «Con 20 millones de euros usted no hace ni la caseta del perro del maquinista del tren de Gran Canaria»
El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias, Carlos Medina, descarta que Gran Canaria pueda llegar a tiempo para ser sede del Mundial de Fútbol de 2030 tras quedar desierta la licitación de la reforma del Estadio de Gran Canaria. El ingeniero sostiene que el problema no es solo económico ni técnico, sino, sobre todo, de plazos, contratación pública y falta de planificación.
Medina afirma que «no va a ocurrir» que la isla llegue al Mundial con el estadio reformado, porque la magnitud de la obra, los tiempos administrativos y las condiciones actuales del mercado hacen inviable cumplir los plazos. Señala que se habla de una actuación de unos 180 millones de euros, con una cubierta que supone casi la mitad del presupuesto y unas 8.500 toneladas de acero, que tendría que ejecutarse en apenas dos años y medio.
Un ritmo imposible
El decano compara la obra con otras actuaciones mucho menores para explicar la dimensión del problema. Recuerda que la pasarela de Padre Anchieta, en Tenerife, se presupuestó en seis millones de euros, acabó costando trece y tardó cuarenta meses en ejecutarse, pese a tratarse de una obra de mucha menor escala. Frente a ello, sostiene que el estadio exige un ritmo de ejecución extraordinario: «180 millones de euros en 30 meses, estamos hablando de un ritmo de certificación o de facturación de 6 millones de euros al mes».
Medina subraya que ese ritmo no se consigue solo con voluntad política. Asegura que el mercado de la construcción ha cambiado radicalmente desde 2020, con un fuerte encarecimiento de los precios, falta de stock y suministros bajo pedido. «Los precios de la construcción se han multiplicado por 1,5 en general», afirma, antes de añadir que una obra como la del estadio no resulta especialmente atractiva para las grandes constructoras si implica entrar en pérdidas.
El ingeniero insiste en que «las obras no se construyen con ladrillos, se construyen con dinero» y que, si el presupuesto es insuficiente, la obra no saldrá adelante. Por eso considera que el problema no se resuelve simplemente elevando la cifra, porque cualquier cambio exige rehacer, justificar y tramitar de nuevo el expediente dentro de la normativa de contratación pública.
La contratación pública como obstáculo
Medina sostiene que el Cabildo se enfrenta ahora a un problema de difícil solución porque la licitación ha quedado desierta y cualquier nueva convocatoria exige tiempo. Calcula que, «en el mejor de los casos», preparar una nueva licitación puede llevar «del orden de seis meses», siempre que se motive adecuadamente el cambio de presupuesto y condiciones.
El decano descarta que pueda recurrirse de forma sencilla a un procedimiento negociado sin publicidad. «Eso no se puede hacer», afirma, porque habría que modificar el contrato en el importe y en las condiciones, algo que debe ajustarse a la Ley de Contratos. A su juicio, no basta con decir que el Cabildo va a agotar todas las vías, porque esas vías están limitadas por procedimientos administrativos concretos.
Medina afirma que Gran Canaria ya iba tarde incluso antes de esta crisis. «Ya estábamos fuera del plazo», señala, al indicar que una actuación de estas características tendría que estar ya en obras y con una ejecución avanzada. Añade que otras ciudades han renunciado a ser sede y que la FIFA no tiene por qué asumir el problema de Gran Canaria, porque «para el Mundial hay cola».
La ironía de la solución china
Preguntado por una fórmula que permitiera cumplir los plazos, Medina recurre a la ironía para subrayar la imposibilidad práctica del calendario. Afirma que solo sería viable «contratar a una constructora china que traiga 3.000 obreros chinos», alojarlos en Siete Palmas, ponerlos a trabajar «24-7» y suspender las normas españolas de prevención de riesgos laborales.
El ingeniero aclara que esa hipótesis no es aplicable en España y que, si se cumplen la legislación española, los procedimientos administrativos, las normas laborales y la necesidad de mantener al equipo jugando, no ve factible llegar a tiempo. «En mis últimos 20 años todavía no he visto una obra que se termine ni por el presupuesto previsto ni en el plazo contratado», sostiene.
Medina también diferencia la reforma del Estadio de Gran Canaria de grandes obras privadas como el Metropolitano o el Santiago Bernabéu. Explica que el Atlético de Madrid o el Real Madrid pueden modificar sus contratos con mucha más libertad porque son entidades privadas, mientras que una obra pública está sometida a controles, expedientes y procedimientos que ralentizan cualquier cambio.
El papel de la Unión Deportiva
El decano considera que la continuidad de la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio durante las obras complica aún más el proyecto, porque obliga a ejecutar por fases y condiciona los ritmos de trabajo. Aun así, advierte de que incluso si se resolviera ese problema y el equipo jugara temporalmente en otro campo, seguirían existiendo dificultades relevantes.
Medina afirma que sacar al equipo del estadio facilitaría la ejecución, pero no resolvería el fondo de la cuestión. «Esto no es un problema de ingenieros, de contratistas, de materiales. Esto es un problema de gestión contractual», señala. A su juicio, las empresas saben construir, aunque afronten dificultades de mano de obra, suministros y costes, pero el cuello de botella está en la gobernanza del contrato público.
Sobre la posibilidad de entregar dinero público a la Unión Deportiva para que el club asumiera la obra como iniciativa privada, Medina vuelve a advertir de que eso también exigiría un procedimiento administrativo y una justificación muy sólida. «¿En virtud de qué razón usted puede darle a una entidad privada como es la Unión Deportiva Las Palmas 250 millones de euros para construir un estadio?», se pregunta.
Un problema general de gestión
Medina enmarca el caso del estadio en una crisis más amplia de la administración pública. Asegura que lo ocurrido no es una excepción, sino un síntoma de un sistema que se ha vuelto incapaz de ejecutar infraestructuras con agilidad. «La administración ya hace muchos años que ha colapsado», afirma, al señalar que ocurre con carreteras, hospitales, infraestructuras sanitarias y colegios.
El decano sostiene que todo se convierte en una maraña burocrática y en un procedimiento administrativo lento. Cita la MetroGuagua como ejemplo de una obra que, en su opinión, se eterniza pese a no tener una complejidad técnica comparable a la del estadio. «La MetroGuagua no deja de ser un carril bici ancho», afirma, para remarcar que el problema fundamental es de gestión.
Medina considera que la clave es la planificación. Afirma que las grandes infraestructuras pueden salir adelante si se preparan con tiempo suficiente, pero que fracasan cuando se llega tarde. En el caso del estadio, sostiene que la isla no solo llega tarde, sino que además se encuentra sin contratista, sin margen administrativo y con una fecha límite internacional encima de la mesa.
El planeamiento y la inseguridad jurídica
El ingeniero también critica la situación del planeamiento insular en Gran Canaria tras la anulación judicial del Plan Insular de Ordenación. Considera que el sistema normativo canario permite que los planes tarden demasiado en aprobarse y que, cuando llegan, muchas veces ya están desfasados.
Medina afirma que no se puede tardar diez años en hacer un plan porque, durante ese tiempo, cambia la realidad económica, social y territorial. Recurre a una comparación gráfica: «Usted imagínese que yo le digo quiero robar un banco. Para robar un banco tiene que tener un plan. Usted imagínese que se tira 10 años para hacer el plan para robar el banco. Pero igual cuando llega a la cámara acorazada, le habrán cambiado la combinación o el sistema de seguridad».
A su juicio, lo ocurrido con el PIO es «una auténtica chapuza» y genera inseguridad jurídica. Medina advierte de que las inversiones son «alérgicas a la inseguridad jurídica» y que, con ese nivel de conflictividad, los proyectos vinculados al planeamiento insular quedan en una situación muy complicada.
El tren como otra prueba pendiente
Medina extiende sus dudas al proyecto del tren de Gran Canaria y afirma que, antes de defenderlo como una infraestructura viable, sus promotores deberían contestar a una serie de preguntas básicas. Recuerda que el tren lleva cinco mandatos sobre la mesa y «no ha salido del papel».
El decano cuestiona, en primer lugar, el coste real de la infraestructura. Afirma que no son 1.600 millones de euros, porque esa cifra corresponde a precios de 2011. También pregunta dónde están los proyectos, si siguen siendo los redactados hace más de una década o si han sido actualizados, cuánto costará el billete, cuál será el coste de operación y mantenimiento y cómo se convencerá al usuario del vehículo privado para que se suba al tren.
Medina plantea además dudas sobre la construcción por fases, la capacidad técnica de las administraciones, la disponibilidad de especialistas ferroviarios, el consumo energético y la preparación de las redes eléctricas. También pregunta cómo se resolverá la capilaridad, es decir, la conexión del tren con otros sistemas de transporte que permitan un servicio realmente útil para la población.
El decano rechaza comparar el tren de Gran Canaria con el tranvía de Tenerife. Señala que el tranvía ofrece un servicio puerta a puerta y que sus estaciones son marquesinas sencillas, mientras que una estación ferroviaria es una obra de mucha mayor escala. Por eso ironiza sobre la posibilidad de iniciar el tren con 20 millones de euros: «Con 20 millones de euros usted no hace ni la caseta del perro del maquinista».
Medina concluye que solo cuando los responsables públicos respondan a esas preguntas podrá empezar un debate serio sobre el tren. «Cuando estos señores respondan a estas preguntas podemos empezar a hablar del tren», afirma. Mientras tanto, considera que el proyecto corre el riesgo de seguir siendo «otra fantasía».