La delegada sindical y miembro de la Ejecutiva Nacional de CCOO Prisiones, Laura Rodríguez, afirma que Las Palmas II cuenta solo con un médico por telemedicina y reclama el traspaso de la sanidad penitenciaria al Servicio Canario de la Salud.
La delegada de CCOO y miembro de la Ejecutiva Nacional de CCOO Prisiones, Laura Rodríguez, afirma que «la situación que hay en las prisiones canarias es grave» y señala como caso más preocupante el de Las Palmas II, en Juan Grande, donde, según indica, hay «solamente un médico que está en telemedicina». Rodríguez sostiene que esta carencia deja a la población reclusa sin una atención primaria adecuada y obliga a recurrir a servicios de urgencia, ambulancias y traslados externos cuando se produce cualquier problema sanitario.
La representante sindical reclama que se cumpla la Ley de Cohesión de 2003 y se transfieran las competencias de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. «Gobierno tras gobierno no han cumplido con esto», señala Rodríguez, que defiende que la integración en el Servicio Canario de la Salud mejoraría la atención a los internos y también las condiciones laborales del personal penitenciario. Añade que, al entrar en prisión, la población reclusa queda fuera del sistema sanitario canario, lo que impide un seguimiento normalizado de sus expedientes y patologías.
Rodríguez advierte de que la falta de médicos y especialistas tiene consecuencias directas en la convivencia interna. «Un 35% de la población reclusa tiene patologías mentales», afirma, y sostiene que la ausencia de psiquiatras impide diagnosticar y tratar adecuadamente muchos casos. En Juan Grande, además, denuncia un déficit estructural de plantilla: «Se abrió con un 33% menos de la plantilla y seguimos así», afirma, antes de mostrar su preocupación por cómo se dotará de personal el futuro centro de inserción social dependiente de la prisión.
Agresiones y falta de protección laboral
CCOO vincula el deterioro sanitario con el aumento de la tensión y de las agresiones en los centros penitenciarios. Rodríguez recuerda la reciente agresión sexual a una funcionaria en Salto del Negro y sostiene que no se trata de un episodio aislado, sino de una tendencia que el sindicato viene denunciando. «Tenemos constancia de más de 100 agresiones sexuales en los centros penitenciarios en España», afirma, y señala que el actual protocolo frente a las agresiones «está fallando, claramente».
La representante sindical reclama un nuevo PEAFA, el protocolo frente a las agresiones, vinculado directamente a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como más personal penitenciario. «Lo más urgente es que se haga la transferencia de las competencias en materia de sanidad penitenciaria para garantizar un derecho fundamental», afirma Rodríguez, que también pide «la apertura de una mesa de negociación» para aprobar un protocolo real, preventivo y con garantías jurídicas para las plantillas.