➤ «No estamos hablando de una subvención ni de una indemnización, estamos hablando de una compensación económica» ➤ «Queremos una participación real en los aeropuertos canarios»
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, rechaza las acusaciones de falta de transparencia en la gestión de las compensaciones económicas a las personas afectadas por la erupción volcánica de La Palma y afirma que el Ejecutivo autonómico está actuando conforme a la normativa aprobada para regular un procedimiento nuevo en el ordenamiento jurídico canario.
Barreto sostiene que no es cierto que el Gobierno no publique la información relativa a estas compensaciones. «No es cierto que no se publiquen trimestralmente en la página de transparencia, se publican todos los datos igual que publicamos las órdenes de pago», dice. La consejera precisa que lo único que no se incorpora a esa publicación es el nombre de las personas beneficiarias junto a la cantidad percibida.
Datos publicados, nombres protegidos
La responsable autonómica explica que esa decisión se adopta porque el pago no responde, según señala, a una subvención ordinaria ni a una indemnización, sino a una figura específica creada para compensar la pérdida patrimonial causada por el volcán. «No estamos hablando de una subvención ni de una indemnización, estamos hablando de una compensación económica que es un concepto similar a una ayuda y que es nuevo», afirma.
Barreto subraya que esa compensación tiene como finalidad restituir el valor de lo perdido. «Lo que esa compensación económica hace es íntegramente devolverle el patrimonio que tenía la persona en el momento en que pierde esa propiedad», indica. Por ese motivo, entiende que publicar el nombre de una persona asociado a una cuantía equivaldría a hacer público el valor de su patrimonio privado.
La consejera insiste en que el Gobierno de Canarias no oculta los expedientes ni impide su fiscalización. Asegura que cualquier persona interesada puede comprobar la información que le afecta y que las personas con derecho a consultar los expedientes pueden hacerlo en la oficina correspondiente. Lo que rechaza es la entrega indiscriminada de copias completas con datos personales, escrituras, referencias catastrales, documentos de herencia, donaciones u otra documentación privada aportada por las personas afectadas.
«Puede ver absolutamente todo, pero no le puedo dar una copia de algo que contiene datos personales», señala Barreto. La consejera se pregunta por qué se reclaman copias completas de todos los expedientes si el objetivo es comprobar la corrección de los pagos. «Si el interés que tiene es ver y comprobar que Pepito Pérez Pérez con aquellos datos cobró esa cantidad, vaya y mírelo», afirma.
Una regulación creada desde cero
Barreto defiende que el Ejecutivo no ha improvisado el procedimiento. Recuerda que se han aprobado leyes para permitir la recuperación urbanística y agraria y para reconocer el derecho a la compensación económica. «No nos lo hemos inventado, no es un capricho», afirma.
La consejera sostiene que el sistema se basa en la Ley General de Subvenciones del Estado y en una orden normativa del Gobierno de Canarias que cuenta, según señala, con informes jurídicos favorables. También destaca que las leyes aprobadas para regular este nuevo derecho pasan por los filtros de la comisión bilateral entre el Ministerio de Política Territorial y el Gobierno canario.
Barreto afirma que durante ese proceso se analiza la adecuación constitucional y la compatibilidad con la normativa básica estatal. «Tuvimos un año viendo las leyes, viendo que no fueran constitucionales, viendo que no fueran contra la normativa básica estatal», señala, al explicar que se trataba de regular una situación inédita.
La consejera recalca que el derecho a ser compensado por el valor de lo perdido nace inicialmente para La Palma y se extiende después al conjunto de Canarias a través de la ley de volcanes. A su juicio, se trata de un derecho singular que debería existir también en el conjunto del Estado. «Es un derecho que consideramos que no debe ser solo para Canarias, que debe ser para todos los ciudadanos de este país», afirma.
Acusaciones de electoralismo
Barreto vincula las críticas del PSOE a un interés político y electoral. «Yo creo que es un tema puramente electoralista», afirma al referirse a las peticiones de información realizadas por una diputada socialista de La Palma. Según la consejera, la primera solicitud se produce hace más de dos años y, tras recibir respuesta, el asunto se reactiva recientemente con nuevas peticiones, intervenciones parlamentarias y notas de prensa.
La consejera reprocha que se hable de «ocultismo» sin explicar que el Gobierno permite consultar los expedientes en la oficina. «No dice eso. Habla de ocultismo, por qué lo harán, claro, no lo quieren decir, a saber cómo han pagado», señala.
Barreto niega que las cantidades se determinen de forma discrecional. «Nosotros no pagamos lo que nos da la gana», afirma. La consejera asegura que existe un procedimiento reglado, trazable y sometido a controles de distintas áreas administrativas.
Once pasos administrativos antes del pago
La consejera explica que cada expediente pasa por varias consejerías y por Hacienda antes de que se materialice el pago. Según detalla, los expedientes se tramitan en Presidencia, se revisan por Política Territorial cuando se trata de viviendas, por Agricultura cuando se trata de fincas y finalmente pasan por el Tesoro.
Barreto subraya que el sistema se diseña precisamente para que no dependa de una sola consejería. «Queríamos que lo validaran y lo revisaran otros ojos», afirma. Añade que cada casa pagada cuenta con el visto bueno de responsables técnicos de Política Territorial y que, en el caso de las fincas agrarias, intervienen los servicios de la Consejería de Agricultura.
La consejera destaca también que se procura contar con funcionarios de carrera y personal con experiencia administrativa para tramitar los expedientes. Según afirma, la Viceconsejería de Recuperación se crea expresamente para gestionar este procedimiento y se incorporan perfiles con experiencia en ayuntamientos, agricultura y otras áreas públicas.
«Desde que un expediente está bien hasta que se paga, pasa por 11 pasos administrativos», señala Barreto, que defiende que esa trazabilidad permite que distintos órganos puedan detectar cualquier error antes de que el expediente siga adelante.
Cogestión aeroportuaria
Barreto se refiere a la negociación entre Canarias y el Estado para avanzar en la participación del Archipiélago en la gestión de los aeropuertos de interés general. La consejera explica que se ha celebrado la segunda reunión del grupo de trabajo y que ambas partes mantienen la voluntad de alcanzar un acuerdo.
Barreto indica que Canarias toma como punto de partida el documento firmado recientemente entre el Gobierno de España y Euskadi para crear un órgano bilateral aeroportuario. Sin embargo, advierte de que el Estatuto de Autonomía de Canarias es posterior al vasco y ofrece más margen competencial en esta materia.
«Nosotros queremos que se refleje en ese acuerdo que sería de Canarias-Estado las competencias que dice el artículo 161», afirma. La consejera señala que el Gobierno canario remitirá aportaciones al documento estatal para reclamar una participación más efectiva en los aeropuertos del Archipiélago.
Participación real en las decisiones
Barreto precisa que Canarias no plantea firmar un acuerdo con AENA, sino con el Gobierno de España. A su juicio, será el Ejecutivo central quien deba resolver su relación con la empresa que gestiona los aeropuertos. «Nosotros el acuerdo no lo vamos a firmar con AENA, lo vamos a firmar con el Gobierno de España», indica.
La consejera afirma que Canarias aspira a formar parte de un órgano bilateral con capacidad real de intervención. «Queremos que podamos crear ese órgano bilateral aeroportuario Canarias-Estado que nos permita participación real en los aeropuertos», señala.
Barreto aclara que cuando habla de «entrar» en los aeropuertos lo hace en sentido político e institucional: participar, opinar y poder tomar decisiones dentro del órgano correspondiente. «Nosotros queremos opinar y queremos no solo opinar, sino tener la posibilidad de tomar algunas decisiones en ese órgano aeroportuario sobre los aeropuertos canarios», afirma.
La consejera defiende que los ingresos generados por los aeropuertos canarios deben verse reflejados también en mejoras para las infraestructuras del Archipiélago. Por ello, sostiene que Canarias tiene derecho a una participación activa en la planificación y gestión aeroportuaria, en los términos que reconoce el Estatuto de Autonomía.
Barreto concluye que la negociación queda abierta a las aportaciones que realizará el Gobierno canario y a la valoración posterior del Ministerio de Política Territorial. El objetivo, afirma, es que el acuerdo Canarias-Estado no se limite a una presencia formal, sino que permita una intervención efectiva en las decisiones que afectan a los aeropuertos de las Islas.