La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, advierte de que el retraso en los fondos estatales tensiona a los cabildos y pone en riesgo una medida que considera clave para la movilidad sostenible.
La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, afirma que su departamento negocia una tarifa plana del taxi entre Las Palmas de Gran Canaria y el aeropuerto con el objetivo de atraer a más usuarios, dar seguridad sobre el precio final del trayecto y reducir la dependencia del vehículo privado. Señala que el precio todavía no está cerrado, pero sostiene que una cantidad fija permite al ciudadano calcular de antemano si le conviene coger un taxi, compartirlo o dejar el coche en el aparcamiento.
Fernández enmarca esta iniciativa en una estrategia de modernización del sector del taxi. Asegura que se trata de «adaptarlo a las nuevas circunstancias» mediante digitalización, tecnología y fórmulas más comprensibles para el usuario. La directora general indica que algunos profesionales ya pactan precios cerrados con empresas o clientes frecuentes, por lo que el objetivo es «democratizar lo que ya sucede a nivel particular» y trasladarlo a un marco legal más claro.
La responsable autonómica defiende, además, que la movilidad en Canarias debe entenderse desde la condición insular. Recuerda que vivir en islas impacta en la electricidad, la llegada de mercancías, el precio de los carburantes, los desplazamientos sanitarios, la educación y el trabajo. Por eso subraya que cualquier planificación debe multiplicarse por siete y coordinar conexiones por tierra, mar y aire.
La Ley de Movilidad Sostenible llega al Consejo de Gobierno
Fernández anuncia que la futura Ley de Movilidad Sostenible será elevada al próximo Consejo de Gobierno y, posteriormente, pasará al Consejo Consultivo y al Parlamento de Canarias. Sostiene que el texto ha sido trabajado durante dos años y medio con cabildos, ayuntamientos y técnicos de las siete islas y los 88 municipios, por lo que confía en que llegue a la Cámara con un amplio consenso.
La directora general rechaza que la ley sea una imposición del Ejecutivo y afirma que su departamento ha dedicado mucho tiempo al diálogo, la negociación y la divulgación. Recuerda que en la reforma normativa aprobada en agosto del año pasado se incorporó el 98% de las enmiendas de la oposición y espera que el nuevo texto siga una línea similar. A su juicio, una ley de movilidad sostenible estatal «más restrictiva y más dura» no recoge la realidad canaria como sí pretende hacerlo la norma autonómica.
Los fondos estatales ponen en tensión a los cabildos
Fernández advierte de que el Estado adeuda a Canarias 42 millones de euros correspondientes a 2025 y 120 millones de 2026 para financiar la gratuidad del transporte público por carretera. Precisa que una parte de los fondos de 2026 se abonaría entre este año y el próximo, pero recalca que el retraso del dinero de 2025 ya genera un fuerte tensionamiento de tesorería en los cabildos, que son las administraciones competentes y las que adelantan los recursos.
La directora general afirma que la gratuidad de las guaguas «está en peligro» si no llegan los fondos comprometidos. Sostiene que la medida ha sido un éxito porque ayuda a las familias ante la subida de los carburantes y actúa como «un revulsivo» para que más personas dejen el coche en casa. Sin embargo, advierte de que los cabildos tienen fondos limitados y que el propio aumento de usuarios incrementa el coste del sistema.
Fernández señala que esta situación impide comprar más guaguas, reforzar servicios e invertir en infraestructuras. Explica que incluso las empresas prestatarias recurren a financiación mientras esperan el pago de las administraciones, lo que aumenta los costes y agrava el problema. «No podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos hace 40 años», afirma, al defender nuevas fórmulas para garantizar más opciones de movilidad en Canarias.