➤ «No existe a día de hoy ninguna tecnología, ningún instrumento, ninguna herramienta de movilidad que sea más eficaz, más eficiente y más sostenible» ➤ «Canarias merece esa inversión para mejorar su movilidad y estar a la par que el resto de Europa y que el resto de España» ➤ «Mi esperanza con AENA es cero»
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, defiende que la futura Ley de Movilidad Sostenible será una de las normas centrales de la legislatura y sostiene que el tren debe convertirse en la gran alternativa al uso del coche privado en Gran Canaria y Tenerife.
Una ley para ordenar la movilidad
Pablo Rodríguez afirma que el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible dará un paso decisivo con su elevación al Consejo de Gobierno y que, después, deberá pasar por el Consejo Consultivo y por el Parlamento de Canarias. Según explica, la previsión del Ejecutivo autonómico es que la iniciativa entre en la Cámara antes de agosto y pueda aprobarse dentro de esta legislatura.
El consejero sostiene que se trata de una norma «fundamental» dentro de la agenda legislativa del Gobierno, porque Canarias no solo debe resolver cómo se mueve y cómo se conecta, sino también bajo qué criterios lo hace. En ese sentido, indica que el archipiélago es ya un territorio «hiperconectado», pero que esa realidad debe adaptarse a las exigencias de sostenibilidad, protección territorial y transformación tecnológica.
Rodríguez vincula la ley con la idea del eje transinsular formulada por el expresidente Adán Martín a comienzos de siglo, aunque señala que aquella visión debe actualizarse. A su juicio, esa actualización pasa por incorporar los criterios ambientales y las posibilidades abiertas por la revolución digital en el ámbito de la movilidad.
El transporte sostenible como obligación
El consejero señala que el transporte es una de las grandes fuentes de emisiones de CO2 en el conjunto del planeta y considera que Canarias debe avanzar hacia un modelo mucho más ecológico que el actual. No limita ese reto al transporte terrestre, sino que lo extiende también al ámbito marítimo y aéreo, donde aprecia un compromiso creciente de compañías, operadores y administraciones.
Rodríguez afirma que la transición hacia una movilidad más sostenible ya no es solo una aspiración política, sino una obligación compartida. Por eso considera que la futura ley debe ordenar el sistema y ofrecer una respuesta global a los problemas de conexión interna de las islas.
El tren como alternativa al coche
El consejero mantiene su defensa del tren en Gran Canaria y Tenerife y lo plantea como la única alternativa real, en este momento, para transformar la movilidad de las islas más pobladas. «Lo sigo defendiendo, creo que es la única alternativa y lo digo así de tajante», afirma.
Rodríguez sostiene que no existe actualmente ningún otro sistema con la misma capacidad para transportar grandes volúmenes de personas, vertebrar el territorio y ofrecer una respuesta más sostenible. Admite que en el futuro podrían surgir nuevas soluciones tecnológicas, pero insiste en que, a día de hoy, ninguna reúne las condiciones del ferrocarril.
El consejero da por hecho que la existencia del tren reduciría la dependencia del vehículo privado, aunque matiza que su principal aportación sería ofrecer una alternativa fiable a quienes ahora se ven obligados a usar el coche para trabajar, estudiar o desplazarse. En su opinión, muchas personas utilizan su vehículo porque no tienen otra opción suficientemente segura en términos de tiempo y frecuencia.
Rodríguez diferencia el tren de las guaguas, que, según afirma, no siempre son una alternativa fiable porque circulan por las mismas colas que el resto de vehículos. «Sabemos cuándo salen aproximadamente, pero no sabemos el tiempo exacto en cada una de las paradas», señala. Frente a eso, considera que el tren permitiría resolver esa incertidumbre, como entiende que ha ocurrido con el tranvía en Tenerife.
Distintas velocidades y servicios
Ante las dudas sobre la duración de los trayectos, Rodríguez explica que una misma infraestructura ferroviaria puede acoger distintos tipos de servicios. Señala que no se trataría de un único tren con una única frecuencia y las mismas paradas, sino de una línea con varios trenes y diferentes esquemas de servicio.
El consejero indica que podría haber trenes más rápidos, con menos paradas, y otros que atendieran más puntos intermedios. Pone como ejemplo el caso de Telde, donde podrían existir paradas en Jinámar, en el centro del municipio y en el aeropuerto, mientras que otros servicios podrían detenerse solo en el aeropuerto.
Financiación europea para el ferrocarril
Rodríguez reconoce que el coste estimado de los proyectos ferroviarios, situado en torno a los 1.600 millones de euros por isla, es elevado, pero rechaza que Canarias deba renunciar por ello a esa inversión. Afirma que el Gobierno canario ha acudido en varias ocasiones a Bruselas durante esta legislatura para abordar esta cuestión con las instituciones europeas.
El consejero admite que la Unión Europea está incrementando el presupuesto destinado a defensa, pero sostiene que, dentro de las políticas que seguirán recibiendo respaldo comunitario, el transporte sostenible será una de las áreas con mayor capacidad de financiación. A su juicio, Europa difícilmente apoyará nuevas carreteras, pero sí puede respaldar infraestructuras vinculadas a la movilidad sostenible.
Rodríguez recuerda que España y otras regiones europeas se han beneficiado durante años de fondos comunitarios para desarrollar redes ferroviarias, mientras Canarias no ha recibido inversiones de ese tipo. Por eso defiende que ha llegado el momento de que el archipiélago acceda también a esos recursos.
El consejero pide a Canarias que se quite «los complejos» ante el coste de estas infraestructuras. Compara la inversión prevista con otros proyectos ejecutados en la Península y sostiene que el archipiélago merece una financiación acorde con sus necesidades de movilidad. «Cuesta 1.600 millones cada uno o 2.000 millones cada uno y Canarias merece esa inversión para mejorar su movilidad y estar a la par que el resto de Europa y que el resto de España», afirma.
La inestabilidad política en Madrid
Rodríguez expresa preocupación por la situación política estatal y por sus posibles efectos sobre la agenda canaria pendiente en las Cortes Generales. A su juicio, la legislatura atraviesa una situación «bastante insostenible» y no existe una mayoría parlamentaria que garantice la aprobación de las iniciativas necesarias.
El consejero subraya que Canarias tiene asuntos «vitales» pendientes en el Congreso de los Diputados, pero advierte de que, aunque pueda existir voluntad política en algunos ámbitos, muchos de esos asuntos no salen adelante si no hay estabilidad legislativa.
Rodríguez considera una anomalía que el Gobierno central no haya logrado aprobar ningún Presupuesto General del Estado durante la legislatura. Señala que, si finalmente se presenta un nuevo proyecto presupuestario, esa podría ser la última oportunidad para incorporar reivindicaciones canarias. No obstante, afirma que tiene dudas sobre la capacidad del Ejecutivo estatal para reunir los votos suficientes.
El consejero sostiene que, a medida que se acercan las elecciones, los partidos elevan el precio de su apoyo y se vuelven más reticentes a sumar sus votos. Por ello, cree que la situación política estatal limita la capacidad de Canarias para garantizar compromisos económicos y normativos.
El Plan Insular de Gran Canaria
El consejero considera «lamentable» y «muy negativo» que las sentencias sobre el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria hayan generado incertidumbre sobre el planeamiento de la isla. Afirma que un plan insular aporta estabilidad, seguridad jurídica para los inversores y capacidad para desarrollar infraestructuras.
Rodríguez sostiene que la anulación del planeamiento supondría «un palo contra la isla», aunque matiza que las sentencias aún no son firmes. Además, señala que, si llegaran a serlo, no se produciría una situación de vacío absoluto, ya que operaría el Plan Insular de 2002.
El consejero admite que el planeamiento de 2002 no estaría actualizado ni adaptado a la mirada territorial actual, pero insiste en que no se regresaría a una situación de anarquía urbanística. En algunos ámbitos, añade, el plan anterior ya establecía criterios similares a los recogidos posteriormente.
Santa Águeda y la cementera
Rodríguez defiende que el caso de la cementera de Santa Águeda debe resolverse conforme al interés general y a las reglas fijadas por el planeamiento desde 2002. Afirma que el Plan Insular ya establecía que, una vez finalizada la concesión, el suelo y el entorno cambiarían de uso y dejarían de tener carácter industrial.
El consejero sostiene que esa previsión no fue recurrida en su momento, por lo que las reglas estaban aceptadas. «Las reglas estaban escritas, y las reglas estaban, si están escritas y no están recurridas, estaban aceptadas», afirma.
Rodríguez considera que la empresa trata de prolongar su permanencia en la zona porque le resulta rentable desde el punto de vista operativo. Reconoce que pueden existir intereses empresariales legítimos, pero contrapone esos intereses particulares al interés general, que, en su opinión, exige cumplir lo previsto en el planeamiento.
Licitaciones y subida de costes
El consejero admite que algunas licitaciones públicas están teniendo dificultades por la evolución de los precios de los materiales, especialmente el hormigón, el hierro y el acero. No obstante, señala que, en el ámbito de la Consejería de Obras Públicas, el porcentaje de proyectos afectados no ha sido elevado.
Rodríguez afirma que el problema se nota más en el ámbito municipal, donde algunos ayuntamientos tienen menos capacidad o agilidad para actualizar proyectos antes de licitarlos. En el caso del Gobierno de Canarias, explica que los proyectos se redactan, se aprueban y se vuelven a actualizar antes de salir a licitación para adaptarlos a los precios de mercado.
El consejero pone como ejemplo Gran Canaria, donde asegura que prácticamente todas las obras se están adjudicando. Cita una licitación de vivienda en San Bartolomé de Tirajana, a la que se han presentado cuatro ofertas, como muestra de que existe actividad empresarial suficiente en determinados territorios.
Distinta situación por islas
Rodríguez reconoce, sin embargo, que la realidad cambia según la isla. En El Hierro, indica que una licitación de vivienda no recibió ofertas, pese a que la Consejería había contactado con empresas para animarlas a concurrir. Atribuye esa dificultad a la falta de mano de obra, la escasez de medios y las complicaciones propias de construir en una isla no capitalina.
En Lanzarote y Fuerteventura, en cambio, afirma que suele haber un número suficiente de licitadores. En Fuerteventura, cita una obra reciente con más de seis licitadores como ejemplo de una situación más favorable.
El consejero defiende una reforma o adaptación de la Ley de Contratos del Sector Público para responder mejor a situaciones excepcionales, como la subida de precios o la emergencia habitacional. A su juicio, no tiene sentido que construir vivienda en un contexto de urgencia social se someta exactamente al mismo procedimiento que levantar una plaza, un parque o un polideportivo.
Cogestión aeroportuaria
Rodríguez se muestra muy escéptico con AENA en relación con la cogestión de los aeropuertos canarios. «Mi esperanza con AENA es cero», afirma. No obstante, aclara que, a su juicio, el problema no depende realmente de AENA, sino del Gobierno de España.
El consejero señala que AENA es el operador aeroportuario, pero no quien debe cumplir el Estatuto de Autonomía de Canarias. Según explica, corresponde al Ejecutivo central generar un modelo de cogestión que permita al Gobierno canario participar en las decisiones aeroportuarias, de forma similar a lo que ocurre en los puertos de interés general mediante las autoridades portuarias.
Rodríguez insiste en que Canarias no pretende sustituir al operador, sino participar en la toma de decisiones estratégicas sobre los aeropuertos. Recuerda que existe una comisión bilateral abierta con el Gobierno central para negociar ese modelo y menciona como precedentes las fórmulas desarrolladas en Euskadi y Cataluña.
Carreteras en Lanzarote
El consejero anuncia que el desdoblamiento de la carretera entre Playa Blanca y Yaiza se incorporará al convenio de carreteras. Afirma que ese es el primer paso necesario para garantizar la financiación de la actuación en el futuro próximo.
Rodríguez explica que también se buscará una reunión con la Dirección General de Tráfico para estudiar medidas inmediatas de seguridad en esa vía, donde se registran numerosos accidentes. La intención, señala, es no esperar a una gran obra o a la ejecución completa del convenio, sino aplicar soluciones compensatorias de forma más rápida.
Entre las posibles medidas, menciona la separación de tráficos o mejoras en las incorporaciones, aunque precisa que deberán concretarse con la DGT. El objetivo, afirma, es intentar reducir la siniestralidad cuanto antes.
En cuanto a la LZ-40, Rodríguez recuerda que el proyecto logró la declaración de impacto ambiental a finales del pasado año y que el proyecto constructivo está en redacción. Prevé que pueda estar listo entre julio y agosto, para después pasar los informes ambientales y de supervisión necesarios. El compromiso, añade, es aprobar el proyecto este mismo año y plantear la licitación durante la legislatura.
Rechazo a la idea de corrupción sistémica
Preguntado por la corrupción en España, Rodríguez rechaza hablar de una corrupción sistémica. Afirma que se niega a aceptar esa idea porque considera que el ejercicio de la política es «mucho más honesto» que los casos protagonizados por personas o grupos condenados por la justicia.
El consejero sostiene que los mecanismos del Estado funcionan cuando se investigan y castigan las conductas irregulares. Asegura que la honorabilidad de la política está por encima de esos episodios y defiende que debe perseguirse cualquier actuación ilícita «caiga quien caiga».
Coalición Canaria y el escenario electoral
Rodríguez evita entrar en especulaciones personales sobre una eventual candidatura futura a la Presidencia del Gobierno de Canarias. Afirma que es «prontísimo» para plantear ese debate y recuerda que tampoco esperaba en su momento llegar a ser vicepresidente del Ejecutivo autonómico, cargo que desempeñó con «humildad y responsabilidad».
El consejero centra su intervención en el presente político de Coalición Canaria y afirma que la formación vive «el mejor momento político de los últimos 20 años» desde el punto de vista interno. A su juicio, el partido ha recuperado espacio en Gran Canaria y tiene una posibilidad real de contribuir a la confluencia del nacionalismo en la isla.
Rodríguez sostiene que su prioridad es trabajar para que Coalición Canaria sea la primera fuerza en Canarias en las elecciones de 2027, tanto en votos como en escaños, y respalda que Fernando Clavijo vuelva a ser el candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico.
Un grupo canario en el Congreso
Rodríguez defiende también la conveniencia de debatir en Canarias sobre la utilidad de un grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados. Afirma que muchas veces el voto en las islas se emite en clave estatal, como si los ciudadanos votaran directamente a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez Feijóo, cuando en realidad eligen diputados y diputadas que después representan a la comunidad durante toda la legislatura.
El consejero considera importante abordar ese debate desde una perspectiva canaria y no peninsular, especialmente después de los últimos años de inestabilidad política estatal y de las dificultades para sacar adelante asuntos estratégicos para el archipiélago.